UPyD muestra su apoyo público al nuevo decreto sobre los desahucios aprobado por el Gobierno

El coordinador de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Melilla, Emilio Guerra, califica de una cuestión de “sentido común” el apoyo de su partido al Real Decreto-Ley 27/2012 del Gobierno del PP de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, ya que lo “urgente”, ha dicho, es “cerrar una vía de agua que estaba dejando en la calle a muchos ciudadanos y no enredarse en dilatorias discusiones”.

Cuestión aparte será, ha dicho, cuando se aborde una ley adecuada al respecto “donde entendemos hay muchas cosas que hacer y modificar”, y en este sentido tiene claro que el PP se ha mostrado favorable a retomar la propuesta de UPyD sobre dación en pago y protección de los deudores hipotecarios.

Al respecto, Guerra ha recordado que su formación había presentado anteriormente Proposiciones no de Ley sobre la dación en pago y la adopción urgente de soluciones reales y efectivas a los desahucios y al sobreendeudamiento de las personas, ya que con la actual legislación las familias “están viendo peligrar los bienes y medios básicos para su subsistencia y se les empuja al peligroso ámbito de la exclusión social y la pobreza”.

UPyD, ha señalado, considera que hay que regular la creación de una Comisión Nacional de Sobreendeudamiento dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que, utilizando los medios de las distintas Oficinas Municipales de Información al Consumidor, bajo la coordinación y apoyo técnico del Banco de España, permita dar soluciones económicas individualizadas a aquellos deudores hipotecarios que se encuentren en el “umbral de exclusión”, y vean peligrar su vivienda habitual, mediante un sistema que, en última instancia, pueda establecer soluciones vinculantes a las entidades financieras, tales como refinanciaciones, dación en pago o quitas de la deuda, mediante la reducción del capital pendiente de pago o la condonación de intereses o costes de la ejecución.

También estiman necesario los upedistas acometer las medidas legales necesarias en el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la legislación hipotecaria a fin de permitir que quien lo desee pueda adscribir su vivienda al nuevo régimen de inembargabilidad de la vivienda habitual, impidiendo que la misma pueda ser objeto de traba y ejecución por parte de los acreedores mediante un mecanismo de “blindaje patrimonial”.