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4 Años de inhabilitación para inspector que ordenó escuchas del Caso Novolujo
El exjefe de la Policía Judicial en Melilla ha sido el único condenado por la Audiencia que juzgó también a otros siete agentes que participaron en la investigación, que han quedado absueltos
Publicada en InfoMelilla el 20 de junio de 2013
La Audiencia Provincial de Málaga en Melilla ha condenado a cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al exjefe de la Policía Judicial en Melilla que ordenó las escuchas telefónicas del llamado "Caso Novolujo", que investigaba un presunto delito de blanqueo procedente del narcotráfico.
Según el auto, se considera al inspector jefe Juan Belver autor criminalmente responsable de un delito contra la inviolabilidad de la intimidad, por interceptación ilegal de las telecomunicaciones y revelación de la información obtenida, tipificada en el artículo 536 del Código Penal.
Además de los cuatro años de inhabilitación, el inspector ha sido condenado al pago de una multa de 18 meses a razón de una cuota diaria de doce euros, así como a una indemnización de 60.000 euros a Francisco Suárez, exconsejero de Economía de Melilla, detenido en la operación, y que quedó absuelto.
El exjefe de la Policía Judicial en Melilla ha sido el único condenado por la Audiencia que juzgó también a otros siete agentes que participaron en la investigación, que han quedado absueltos.
Los hechos juzgados por la Audiencia Provincial se remontan a diez años atrás, cuando el exconsejero de Economía y el empresario melillense Hamed Uassani fueron detenidos, entre otras personas, por su presunta relación con una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Finalmente, quedaron absueltos porque la Audiencia Provincial declaró nulas las escuchas telefónicas en las que se basaron la acusaciones.
Tras aquel juicio, Suárez decidió denunciar la investigación policial por la que se le había imputado en la 'Operación Ave', al considerar que se habían producido una serie de irregularidades, denuncia a la que se sumaron tres acusaciones particulares más.
El auto considera que el responsable de la investigación, en cuyo seno se urdió y ejecutó el engaño al juez para conseguir la intervención de las comunicaciones telefónicas de Suárez, fue el inspector ahora condenado.
La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala II del tribunal Supremo.