Local · Urbanismo
El Gobierno de Melilla atribuye a una consejera del PSOE una infracción urbanística reconocida en una sentencia judicial
Marín ha recordado que aquella consejera "no tiene nada que ver absolutamente" con el actual Gobierno melillense
Publicada en InfoMelilla el 19 de febrero de 2013
El Gobierno de Melilla ha atribuido hoy las infracciones urbanísticas reconocidas en una sentencia judicial sobre la falta de zonas verdes y equipamiento primario en tres urbanizaciones de la ciudad a la gestión realizada por la consejera de Fomento de finales de los 90, María del Carmen Muñoz, del PSOE.
En rueda de prensa, el actual responsable de la Consejería de Fomento, Miguel Marín, ha dejado claro que aquella consejera "no tiene nada que ver absolutamente" con el actual Gobierno melillense, aunque éste, "por responsabilidad", ya está trabajando para subsanar los errores cometidos "por otros políticos de otros partidos".
La sentencia insta a la Ciudad Autónoma a resolver la situación de tres urbanizaciones, Alnamar, La Quinta y Jardines del Mar, que cuentan con terrenos cedidos a dicha institución "en la teoría", pero que "en la práctica" forman parte de las urbanizaciones como zonas verdes e instalaciones deportivas a las que sólo tienen acceso los propietarios.
Esto impide que el conjunto de los melillenses pueda disfrutar de esos espacios pese a que están escriturados a nombre de la Ciudad Autónoma, por lo que el Gobierno melillense va a llevar a cabo reuniones con los vecinos de las tres urbanizaciones para proponerles que compren un terreno de igual valor económico y hagan una permuta.
La otra opción posible sería que estas urbanizaciones derribaran los muros para que todos los ciudadanos puedan acceder a sus zonas verdes e instalaciones de ocio y deportes que están asentados sobre terrenos de titularidad municipal, opción a la que la Ciudad Autónoma también está abierta si así lo desean los propietarios.
Según ha explicado Marín, será necesario llevar a cabo alguna de las dos posibles soluciones una vez que finalice el periodo de 15 años de cesión de ese terreno a través del convenio suscrito entre la Ciudad Autónoma y las urbanizaciones, de modo que se haga justicia haciendo que todos los ciudadanos cumplan con las mismas normas.