Gavilán, Calabuig y Pastor desmienten las acusaciones contra ellos y hablan de falsedad documental en relación a la 'Operación Ópera'

Tal y como se había anunciado en días pasados desde el Gobierno local, Ramón Gavilán, ex consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, actual consejero, y José Pastor, director general de Gestión Económica del área, han comparecido para desmentir las acusaciones que sobre ellos se hacen en el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, encargado de la llamada ‘Operación Ópera’.

El primero en intervenir ha sido José Pastor, quien ha negado con total rotundidad que, tal y como figura en el auto judicial, disponga de 300.000 euros en Luxemburgo, y ha explicado que lo único que tiene son bonos del Bando Espirito Santo que compró a cuatro años por valor de 300.000 euros y con un interés del 6,25 por ciento.

Pastor ha explicado que la decisión de comprar dichos bonos con los ahorros de toda su vida laboral surgió tras una conversación con el director de su banco, quien le habló de la existencia de estos activos que le podrían proporcionar más intereses que dejar el dinero a plazo fijo. Además, el director general considera que el asunto podría haberse resuelto simplemente consultando las imputaciones a la Agencia Tributaria, donde según ha dicho, aparecen perfectamente el interés y las retenciones que se le practican por los bonos.

Por lo tanto, “no es cierto que tenga activos ocultos en ningún sitio y el que diga lo contrario miente totalmente”, ha dejado claro el director general, quien consideran que lo dicho contra él supone una mentira ”aviesa y malintencionada” y ha puesto a disposición de los medios de comunicación toda la documentación que sea necesaria para aclarar los hechos.

Con respecto a los contratos menores, Pastor ha dejado claro que los cursados por la Consejería de Medio Ambiente cumplen los mismos requisitos que los del resto de consejerías del Gobierno y que incluso los hechos en el marco de la Administración General del Estado (AGE), y además tienen un doble control, uno por parte del Tribunal de Cuentas y otro por Intervención, y en ninguno de los casos, ha dicho, se ha advertido ilegalidad o irregularidad.

Por su parte, Ramón Gavilán se ha mostrado muy molesto con todas las informaciones que han surgido sobre él, ante las que asegura sentirse indefenso, y se ha referido incluso a un posible delito de falsedad de documento público en la información hecha pública sobre su patrimonio.

Gavilán, que ha comparecido con gran cantidad de documentación, ha negado con rotundidad que haya llevado a cabo algún tipo de tráfico de divisas con el Reino Unido, y ha explicado que la cantidad a la que hace referencia el auto judicial se corresponde con la cifra pagada hace unos años en concepto de compromiso para la compra de una vivienda en Málaga. En concreto, ha dicho, mediante un contrato privado entregó a la promotora de la vivienda un pagaré por 76.796 euros y una entrada de 12.000 euros mediante un talón del BBVA. En total 88.796 euros.

Una vez que la vivienda adquirida iba a ser entregada, Gavilán ha explicado que acordó con el notario anular el contrato privado formalizado con la promotora e incluirlo todo en el contrato principal, con lo que le fueron devueltos los 88.796 mediante un talón que de forma inmediata ingresó en su cuenta bancaria. “Y eso dicen que me lo han mandado de Francia, que es tráfico de divisas”, ha señalado Gavilán, quien ha dejado claro que todo esto podría haberse comprobado únicamente consultando a las entidades bancarias o a la promotora.

“Como verán, mayor falsedad en documento público es imposible”, ha dejado claro el ex consejero de Medio Ambiente, quien está convencido de que debe tomar las medidas necesarias para defenderse de las acusaciones y del “linchamiento” al que asegura que están siendo sometidos él y su familia.

Por su parte, el actual consejero de Medio Ambiente ha negado cualquier relación con la empresa Hormeco a excepción de un breve contacto que mantuvieron hace años cuando Hormeco se hizo con la tercera parte de una sociedad inmobiliaria en la que él tenía participaciones, aunque aquella relación duró tan sólo el tiempo en el que la citada empresa se hacía con unos terrenos, construía naves industriales y las vendía.

De cualquier manera, tras consultar con los responsables de la empresa, ha dejado claro que es falso que en tan sólo 3 años haya ingresado 4,5 millones de euros en efectivo. Además, ha asegurado que la empresa tiene un administrador judicial desde el año 2006 y, por lo tanto, no entra ni sale dinero sin el visto bueno de dicho administrador.

Sea como fuere, Pérez Calabuig ha anunciado que la empresa en cuestión tiene intención de poner el asunto en manos de la justicia para defenderse de las acusaciones.

También ha desmentido el consejero de Medio Ambiente que contactara con la Autoridad Portuaria, antes incluso de ser director general del área, para negociar la cesión a la empresa Atlas de terrenos en el puerto, y mucho menos, ha dicho, que aquella cesión se hiciera de forma gratuita. “Sólo con ir a la Autoridad Portuaria se puede ver qué concesión tiene y cuánto paga”, ha dicho.

En referencia a su patrimonio, Pérez Calabuig ha recordado en primer lugar que lleva 33 años trabajando en Melilla, 18 en el sector privado y 15 en la administración pública, y en todo ese tiempo ha podido adquirir una vivienda de VPO en Melilla por 66.000 euros con una hipoteca a 15 años y, una vez pagada ésta, otra vivienda en Málaga por 126.000 euros con una hipoteca a 14 años. Además, ha explicado que en su cuenta bancaria tan sólo posee 30.000 euros de liquidez y un plan de pensiones de 28.000 euros. “Eso es todo, que busquen lo que quieran”, ha dicho.

Por lo que respecta a la empresa de viajes en la que su mujer participa con un 30 por ciento, el consejero de Medio Ambiente ha dejado claro que no ha participado en ninguno de los procedimientos públicos a los que ha concurrido, máxime cuando competen a áreas diferentes a la suya.

Antes de concluir, el consejero de Medio Ambiente ha recordado que, a pesar de encontrarse bajo secreto del sumario, los medios de comunicación y las redes sociales han publicado ya parte del auto judicial, por lo que ha anunciado que acudirán al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denunciarlo. Además, ha asegurado que actuarán contra quieres corresponde ante todas las informaciones aparecidas en los medios de comunicación.