La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a Marruecos de dos melillenses acusados de terrorismo

La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a Marruecos de dos melillenses, detenidos en junio de 2012, acusados de pertenecer a un célula terrorista radical, y de torturar y asesinar supuestamente a dos compañeros que se habían desvinculado de la ortodoxia religiosa impuesta en el grupo.

Según ha informado hoy a los periodistas Berta Estrada, la abogada de Rachid Abdellah Mohamed y Nabil Mohamed Chaib, no sólo se paraliza el proceso, sino que además se rechaza abrir un procedimiento en España para la investigación de los hechos que motivan la petición de extradición, ya que fueron investigados por la propia Audiencia Nacional y se decretó el sobreseimiento.

Estrada ha informado de que en el caso de Nabil Mohamed Chaid el fallo es firme, mientras que se espera que esa misma decisión adquiera también la firmeza para el caso de Rachid Abdellah Mohamed.

La letrada ha señalado que no existe ningún cargo contra estas dos personas, de nacionalidad española, y que están "absolutamente libres".

Según Estrada, ha quedado probado que ninguno de los dos detenidos ha tenido ninguna vinculación con los hechos de los que se les acusó, pero que, sin embargo, han quedado "marcados" por las acusaciones que se les hicieron.

Por este motivo, se están estudiando medidas judiciales contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien el día de la detención de los dos melillenses los acusó de ser "capaces de cometer atentados de especial brutalidad", y de que pertenecían a "la misma ortodoxia radical" de los islamistas que se inmolaron en Leganés (Madrid), días después de los atentados del 11 de marzo de 2004.

"Las palabras del ministro del Interior fueron muy radicales", ha dicho la abogada, quien considera que en el momento en el que las hizo no tendría en su poder toda la documentación y "se columpió un poquito".

En estos momentos, estas dos personas residen en Melilla, pero tienen pensado irse a la península o a otro lugar porque "no pueden hacer una vida normal" en la ciudad autónoma, tras haber sido acusados de hechos tan graves.