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La Justicia no acredita prevaricación de la Mesa de Contratación de Melilla
Por este caso fueron imputados 25 miembros de la Mesa de Contratación en el 2006 y el 2007 entre funcionarios y miembros del Gobierno y la oposición
Publicada en InfoMelilla el 19 de noviembre de 2013
El Juzgado de Instrucción número 1 de Melilla ha sobreseído provisionalmente el caso de la Mesa de Contratación que investiga un presunto delito de prevaricación administrativa de los 25 miembros políticos y funcionarios que la componían entre el 2006 y el 2007 por varias adjudicaciones.
El auto, al que ha tenido acceso Efe, indica que no está suficientemente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la incoación del procedimiento judicial, iniciado a instancias de la Fiscalía por un informe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas tras analizar las cuentas de la ciudad autónoma del 2006 y del 2007.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas informaba de que faltaban documentos que justificara la contratación realizada en una serie de expedientes, lo que originó este procedimiento judicial, en el que fueron imputados 25 miembros de la Mesa de Contratación en el 2006 y el 2007 entre funcionarios y miembros del Gobierno y la oposición.
La jueza dictamina en el auto el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, ya que entiende que no ha quedado suficientemente justificada la perpetración de una presunta prevaricación administrativa, dado que "el exigido conocimiento que abarque el carácter arbitrario de la resolución no concurre en los expedientes examinados".
"La conducta llevada a cabo por los imputados miembros de las mesas de contratación no supuso una manipulación del proceder de la Junta de Gobierno", indica el auto, ya que los miembros imputados de las mesas de contratación "actuaban mediante automatismos, aceptando de forma mecánica las proposiciones de los informes técnicos".
Respecto a los informes, el auto reconoce que tenían deficiencias, pero "no podemos subsumirlos en el delito de prevaricación administrativa por carecer del elemento subjetivo del injusto que es el dolo o intención", razón por la que dictamina el sobreseimiento provisional, igual que el Ministerio Fiscal, en un auto contra el que cabe recurso.