Liarte acusa a Imbroda de implicar a los funcionarios en las irregularidades investigadas para "salvar su carrera política"

El portavoz de Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, tiene claro que la estrategia del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, para “salvar su carrera política y su Gobierno” consiste en implicar y responsabilizar a los funcionarios municipales en las irregularidades que están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 4.

Según Liarte, cada vez que al Gobierno local se le reprocha la adjudicación irregular de un contrato, la firma de un “extraño” convenio o la concesión de una “indebida” subvención, se invoca a un técnico o se remiten informes para poder “aparecer con las manos limpias”. Ello, ha dicho, se traduce en la utilización de los funcionarios como pantalla para eludir responsabilidades.

“Esta conducta es ciertamente despreciable. Son los órganos políticos los competentes para adjudicar los contratos, conceder las subvenciones o celebrar convenios y, sin embargo, se intenta señalar a los funcionarios cuando las decisiones son desacertadas o ilegales”, ha dicho.

El portavoz de PPL, además, ha recordado que la responsabilidad de los funcionarios, en el caso de haberla, ha de solventarse por la vía disciplinaria, “pero no puede extenderse a los actos político-administrativos de los altos cargos”.

Liarte, que tiene claro que Melilla atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia, asegura que Imbroda ha levantado sobre las bases del Estatuto de Autonomía una “gigantesca estructura de poder para consolidar un régimen personalista basado en el nepotismo, el mercadeo y el clientelismo”.

“Ha creado un Gobierno y una maquinaria burocrática paralela a la propia Administración que ha distorsionado el funcionamiento de la Ciudad Autónoma. Han desaparecido los controles internos, no existe fiscalización de la gestión económica y los funcionarios independientes sobreviven entre las intrigas políticas y las arbitrariedades del consejero de turno”, ha recordado.

La causa principal de la crisis institucional y moral de la Ciudad, ha dicho, es la negativa de Imbroda a cubrir el puesto de Interventor con un funcionario habilitado de carácter estatal. “Imbroda sabe que está incumpliendo la ley, pero le interesa no convocar este puesto de trabajo para evitar la fiscalización del gasto público”, ha dicho. “Y lo mismo ocurre con los puestos de secretario general y tesorero”, ha asegurado Liarte, quien ha anunciado la intención de su partido de presentar una denuncia contra la consejera de Administraciones Públicas, Katty Muriel, y aquellos otros responsables políticos “que deliberadamente se niegan a respetar la ley y cubrir estos puestos de trabajo”.