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Melilla declara de utilidad pública un terreno rural para zona deportiva
Pese a que prácticamente la totalidad de los diputados han dado su visto bueno a la propuesta, su paso por el pleno de la Asamblea celebrado no ha estado exento de debate
Publicada en InfoMelilla el 19 de julio de 2013
La Asamblea de Melilla ha aprobado hoy la declaración de utilidad pública e interés social de un terreno para construir zonas lúdico-deportivas en la Cañada de Hidum, uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad autónoma, así como un vial de acceso a su campo de fútbol.
Este asunto se ha aprobado sin ningún voto en contra, aunque PPL se ha abstenido al considerar que el Gobierno melillense no cumplía ninguno de los dos supuestos que establece la normativa para llevar a cabo esta declaración de utilidad pública sobre un terreno rural, algo que el consejero de Fomento, Miguel Marín, ha desmentido.
Pese a que prácticamente la totalidad de los diputados han dado su visto bueno a la propuesta, su paso por el pleno de la Asamblea celebrado hoy no ha estado exento de debate, ya que los tres grupos de la oposición han criticado algunos aspectos de la tramitación.
Así, CPM ha criticado que este proyecto haya sido adjudicado al hijo del consejero adjunto a la Presidencia, Javier González, algo que "estéticamente no ha gustado" a los diputados cepemistas, que han votado a favor porque estas pistas deportivas permitirán saldar "una deuda histórica" con los vecinos de aquel barrio.
El PSOE también ha aludido a este asunto, pero no ha entrado en el fondo porque "son cuestiones que se deben resolver entre los miembros del Gobierno", aunque sí ha rechazado que se apueste más por "obras mastodónticas" en lugar de hacer pequeñas actuaciones repartidas por diferentes zonas para "hacer más barrio".
El consejero de Fomento ha justificado la adjudicación del proyecto al hijo del consejero adjunto a la Presidencia al recordar que desde la Ciudad Autónoma se invitó a seis arquitectos y se optó por la oferta más ventajosa, que además supone apenas un 1 % del presupuesto de ejecución de la obra, cuando la media suele ser del 5 por ciento