PPL denuncia ante el CGPJ unas supuestas presiones a la juez que investiga la 'Operación Ópera'

Populares en Libertad denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) unas supuestas presiones que está recibiendo la juez que lleva la investigación de la ‘Operación Ópera’. Así lo ha anunciado la vicesecretaria general de Populares en Libertad (PPL), María José Blanco, quien ha dejado claro que su partido “no consentirá las interferencias políticas en la tramitación del proceso abierto por el Juzgado de Instrucción número 4 por la posible comisión de los delitos de falsedad documental, exacción ilegal, prevaricación y tráfico de influencias”.

Blanco deja claro que en un Estado de Derecho “es inadmisible” que “se cuestione públicamente las actuaciones ordenadas por el juzgado”. Además, considera que las críticas contra el proceso hechas públicas por altos cargos y funcionarios públicos, suponen una “ilegítima intimidación a los miembros del poder judicial”. Y es que si algo tiene claro la vicesecretaria general de PPL, es que si aún no se conocen los hechos, “no es de recibo que se viertan descalificaciones sobre el trabajo de la magistrada ni se anticipe una defensa si a nadie se la imputado procesalmente ninguna conducta delictiva”.

Para Blanco, esta actitud mostrada por el Gobierno local supone un “evidente” intento de influir en la marcha del procedimiento “y forzar a la magistrada a decretar su archivo”.

Del mismo modo, PPL ha puesto en evidencia la supuesta ignorancia administrativa del presidente de Melilla, quien aseguró a las puertas del Palacio de la Asamblea que los contratos menores son los que no superan los 200.000 euros. “Si Imbroda cree que los contratos menores tienen este límite económico, es probable que la magistrada tenga que hacer horas extras para concluir la instrucción”, ha señalado.

A este respecto, Blanco ha recordado que la Ley de Contratos del Sector Público establece que son contratos menores los de ejecución de obras inferiores a 50.000 euros y los de servicios y suministros inferiores a 18.000 euros. “Es obvio que Imbroda no tiene conocimientos para ser profesor de Derecho de Administrativo, pero es inadmisible que critique las supuestas deficiencias o extralimitaciones en el proceso penal, con fundamento en un error propio de quien, después de trece años como presidente y más de veinte como concejal, demuestra ser analfabeto político”, ha dicho.

El silencio del decano de los jueces

Por último, Blanco ha criticado el silencio del decano de los jueces ante las presiones a la juez instructora. “Resulta chocante que alguien que ha demostrado tanto afán de protagonismo mediático, ahora no realice ninguna valoración en nombre propio o del poder judicial sobre las presiones que recibe su compañera”, ha señalado.