PPL recuerda a los proveedores de la Ciudad que ya pueden reclamar el 7,75 por ciento de interés de las facturas retrasadas

El secretario general de Populares en Libertad (PPL), Alberto Weil, ha recordado a los proveedores de la Ciudad Autónoma que pueden empezar a reclamar un interés del 7,75 por ciento de sus facturas en el caso de que la administración local no las pague en el plazo de un mes, tiempo estipulado por la Ley de Contratos del Sector Público.

Según informa PPL, dicha Ley establece que la administración deberá abonar el precio de la factura dentro de los 30 días siguientes a la fecha de expedición y si se retrasa deberá satisfacer al los intereses de demora y una indemnización por los costes de cobro.

En este sentido, ha explicado que si transcurrido el plazo de un mes la Ciudad Autónoma no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. La sentencia condenará en costas a la administración en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.

Weil ha animado a las empresas melillenses a denunciar “los abusos de los poderes públicos”, a pesar de que es consciente de que “algunos temen ejercer sus legítimos derechos por temor a las represalias de la administración”.

PPL considera necesario devolver a los comerciantes melillenses su protagonismo en el desarrollo económico y social de una ciudad que, “por un crecimiento hipertrófico de la administración”, ha suplantado a los verdaderos agentes sociales “por un estamento político improductivo y parasitario”.

“No se puede imaginar Melilla sin recordar el esfuerzo de los comerciantes que antes invirtieron y todavía continúan aplicando su capital humano y económico en la prosperidad de la ciudad", ha señalado Weil, quien considera que en momentos como los actuales “no debe admitirse que la Ciudad Autónoma siga constituyendo un obstáculo para la creación o supervivencia de las empresas melillenses, retrasándole en el pago a los proveedores”.

“No es de recibo que los verdaderos empresarios vean perjudicados los negocios de los que viven muchos familias y, sin embargo, unos traficantes de obras y servicios vinculados con el poder político cobren puntualmente sus abultadas facturas", ha concluido.