PSOE y PPL exigen una mayor regulación de los contratos menores, mientras el Gobierno asegura que se ajustan a la legalidad

La necesidad de establecer una mayor regulación de los contratos menores adjudicados la administración local ha sido uno de los puntos estrella tratados esta mañana en el Pleno de Control al Gobierno celebrado en la Asamblea de Melilla.

Concretamente han sido los grupos parlamentarios del Partido Socialista (PSOE) y de Populares en Libertad (PPL) los que han presentado una interpelación al respecto solicitando al Gobierno de Imbroda una mayor ordenación en lo que a los contratos menores se refiere, ya que en ambos casos consideran que se trata de un sistema del que se abusa en la administración local.

El primero en intervenir al respecto ha sido el PSOE a través de su diputado Gregorio Escobar, quien ha recordado que ha sido la llamada ‘Operación Ópera’ la que, de algún modo, ha puesto “el foco de la sospecha” sobre el sistema de contratación que lleva a cabo la Ciudad Autónoma, especialmente sobre los llamados contratos menores, que son aquellos cuya cantidad no supera los 18.000 euros cuando se trata de servicios o los 50.000 euros en el caso de obras.

Muñoz ha recordado que según el auto de la citada operación judicial, parece ser que la administración melillense lleva a cabo un fraccionamiento “ilegal” de los contratos con el fin de convertirlos en menores y poder adjudicarlos sin proceder a concurso, lo que impide, ha dicho, que cualquier empresa pueda concurrir libremente y en igualdad de condiciones.

El socialista asegura que la gestión del dinero público por parte del Gobierno local es “muy deficiente, de despilfarro y descontrol”, por lo que considera que se precisa una regulación mínima en el sistema de contratación “para garantizar la calidad democrática”. Es por ello, por lo que Escobar ha aprovechado su intervención para solicitar al Gobierno la creación de una comisión especial de seguimiento y vigencia de los contratos menores en el que participen todos los grupos de la Asamblea.

En términos muy similares se ha pronunciado el diputado de PPL, Julio Liarte, quien en la interpelación presentada considera que el uso frecuente de los contratos menores por parte de la administración local, hace pensar en la posibilidad de que “puedan estar motivado por cuestiones ajenas al interés público”, sobre todo teniendo en cuenta que, según ha dicho, el gran volumen de contratos menores se concentran “en pocos contratistas”.

Liarte ha recordado las numerosas ocasiones en las que su grupo parlamentario ha pedido al Gobierno local una mayor transparencia en lo que a contratación se refiera, hallando en todas las ocasiones, ha dicho, el rechazo del Ejecutivo.

Ahora, tras las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas y a raíz de la ‘Operación Ópera’, PPL se ve en la obligación de insistir en la necesidad de una mayor y mejor regulación de los contratos menores, por lo que propone establecer sus límites en 3.000 euros en el caso de servicios y en 6.000 euros en el caso de obras.

En definitiva, PPL ha pedido al Gobierno que lleve a cabo una modificación del sistema de contratación a fin de facilitar la participación de cualquier empresario que esté interesado.

La respuesta por parte del Gobierno ha llegado de manos del portavoz del Gobierno, Daniel Conesa, quien ha dejado claro, en primer lugar, que la administración local cumple estrictamente lo establecido en las leyes en cuando a contratación, ya sea mayor o menos.

Además, ha defendido la transparencia de la gestión del Ejecutivo de Juan José Imbroda, y niega rotundamente las insinuaciones realizadas tanto por PSOE como por PPL sobre la posibilidad de que la Ciudad Autónoma elabore contrato como “trajes a medida” para determinados empresarios.

Sobre la posibilidad propuesta por PPL de modificar el sistema de contratación, Conesa ha dejado claro que la Ciudad Autónoma carece de competencias para hacerlo.