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UGT lamenta que el precio del ajuste económico recaiga sobre los trabajadores, mientras siguen aumentando los márgenes empresariales

El sindicato cree que la política del Gobierno no sólo resulta ineficaz, sino que está empeorando la situación económica y del empleo

Publicada en InfoMelilla el 15 de enero de 2013

InfoMelilla.com

Los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la tasa de variación anual del IPC en el 2,9 por ciento, lo que supone que los precios de todo el país mantienen el mismo ritmo de crecimiento que en el mes de noviembre. En este sentido, UGT ha mostrado su preocupación ante el hecho de que el grupo que mayor incidencia positiva haya sido el de alimentos y bebidas no elaboradas, al tratarse de bienes de consumo básico.

Del mismo modo, el sindicato advierte que la dependencia estructural que tiene España por los productos energéticos puede hacer que cualquier variación en el precio de estos se haga sentir de manera acusada en el nivel de precios, “ya de por sí elevada”.

En cualquier caso, el dato del IPC anual, unido a los demás indicadores económicos que se conocen relativos a los niveles de actividad o de empleo, muestran una economía “profundamente deprimida y sin visos de mejorar en un futuro a corto o a medio plazo, por más que desde el Gobierno nos intenten convencer de lo contrario”. A priori, para el sindicato resulta extraño que los precios se mantengan en niveles de crecimiento tan elevados cuando los datos de la Contabilidad Nacional recogen caídas continuas del consumo en todos los agentes económicos, lo que debería moderar significativamente el nivel de los precios.

No obstante, “la explicación a esta paradójica situación la encontramos en el reparto de las cargas derivadas de los ajustes que se vienen produciendo en la economía española. Así, mientras que los costes laborales se vienen reduciendo de forma continua y los incrementos medios pactados en los convenios se sitúan en diciembre en el 1,34% en el ámbito de las empresas y en el 1,40% en los convenios de ámbito sectorial, los excedentes de las empresas se mantienen en tasas de crecimientos significativamente elevada”. De todo ello, ha continuado UGT, “podemos inferir que el mantenimiento de los precios en los niveles actuales está siendo provocado por el mantenimiento de los márgenes empresariales, contraviniendo la moderación marcada por el II AENC que firmamos empresarios y sindicatos, mientras que el coste del proceso de ajuste que está sufriendo la actividad económica está siendo soportado íntegramente por los trabajadores”.

Ante esto, ha continuado el sindicado, llama la atención “la poca preocupación que está mostrando el Gobierno por los trabajadores y demás ciudadanos”. Así, en el mes de diciembre “hemos asistido a nuevas muestra de ello con medidas como la no revalorización de las pensiones, la congelación por tercer año consecutivo del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM) o el exiguo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de un 0,6% para el año 2013, insuficiente a todas luces para compensar el previsible incremento de los precios”.

Para el sindicato parece obvio que la política económica que el Gobierno está desarrollando en todos los ámbitos de su competencia “no sólo no resulta eficaz, sino que se está mostrando contraproducente al estar intensificando la caída de la actividad y del empleo, empeorando, a medida que pasa el tiempo, la situación de cada vez capas más amplias de la población. En este sentido cabe apuntar que incluso desde organismos internacionales que venían demandando políticas de ajuste y contención del gasto se están empezando a dar cuenta de que las mismas, si no se acompañan de políticas encaminadas a estimular el crecimiento económico, únicamente conducen a la recesión y al desempleo”.

Por todo ello, desde UGT se demanda una modificación “inmediata y sustancial” de la política económica del Gobierno, “que no se centre en exclusiva en la política presupuestaria y en la eliminación del déficit, sino que se encamine a la recuperación de la actividad y proteger los derechos sociales y laborales de los trabajadores y ciudadanos de nuestro país, dándoles la confianza y seguridad suficiente para que puedan acometer sus proyectos de inversión y de consumo, recuperando el papel, determinante por otro lado, en la economía”.