Visto para sentencia en Melilla el juicio contra ocho policías

El juicio del caso 'Novolujo' contra diez policías que participaron en el 2002 en la investigación de la 'Operación Ave', una cifra de acusados que se reducido a ocho porque la acusación pidió de forma unánime el sobreseimiento para dos de los imputados, ha quedado hoy visto para sentencia.

Durante el juicio, que se ha prolongado cuatro jornadas, algunos de los abogados de la acusación han pedido penas de seis años de prisión, cuatro de inhabilitación y 55.800 euros de multa para exjefe de la Policía Judicial de Melilla, Juan Bellver, acusado de presuntos delitos de escuchas ilegales, denuncia falsa y falsedad.

De los ocho policías acusados, Bellver es el que mayor petición de pena acumula, aunque también destaca la calificación de algunos de los abogados de la acusación para el exjefe del grupo de blanqueo, Carlos Ramos Goris, para el que se pide seis años de prisión y 39.600 euros de multa por presuntos delitos de denuncia falsa y falsedad.

La fiscal, por su parte, ha pedido una sentencia absolutoria para todos los acusados porque considera que su presunta responsabilidad en los delitos de los que se les acusa no está suficientemente probada.

Durante la presentación de los informes de los abogados, que ha ocupado gran parte de la vista oral de hoy, los dos abogados de la defensa han pedido también una sentencia favorable para los policías acusados en el caso Novolujo.

Los hechos juzgados a lo largo de cuatro días en la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla se remontan a diez años, cuando el exconsejero de Economía, Francisco Suárez, y el conocido empresario melillense Hamed Uassani fueron detenidos, entre otras personas, por su presunta relación con una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Finalmente quedaron absueltos porque la Audiencia Provincial declaró nulas las escuchas telefónicas en las que se basaron la acusaciones.

Tras aquel juicio, Suárez decidió denunciar la investigación policial por la que se le había imputado en la 'Operación Ave', al considerar que se habían producido una serie de irregularidades, denuncia a la que se sumaron tres acusaciones particulares más, entre ellas la del empresario Hamed Uassani.

Entre los agentes del Cuerpo Nacional de Policía acusados se encuentran varios responsables de la antigua Comisaría Provincial de Melilla en aquella época, además de otros agentes subordinados que participaron en esta investigación policial.

Estos agentes fueron acusados de la presunta comisión de delitos de "denuncia falsa", "pruebas falsas" e "intromisión al derecho a la intimidad", además de "violación del secreto de sumario", aunque esta última imputación fue retirada por la acusación ayer.