Expertos juristas analizan en Melilla la "salud" del actual sistema judicial

Jueces y juristas de primera línea participan desde hoy en Melilla en las XXI Jornadas de Derecho "Enrique Ruiz Vadillo" que hasta el próximo viernes servirán para analizar la actual situación del sistema judicial español y los cambios futuros que se aplicarán al mismo para mejorar su eficacia.

En declaraciones a los periodistas, el director de las jornadas, Manuel Torres Vela, ha resaltado que esta iniciativa, organizada por la UNED de Melilla, se ha convertido en un "referente" para los profesionales del mundo de la Justicia y del Derecho.

"Son de las jornadas jurídicas de mayor tradición en España", ha dicho Torres Vela, quien ha resaltado la predisposición que existe por parte de las altas autoridades jurídicas para asistir o dar alguna de las conferencias programadas.

Entre las ponencias, destaca este año la del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que, por segundo año consecutivo, participará activamente con una conferencia sobre "El Ministerio Fiscal y la reforma de la Justicia" el próximo viernes.

No podrá asistir, en cambio, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, que acudirá mañana al acto de proclamación de Felipe VI, aunque será sustituido por su predecesor en el cargo, Pascual Sala.

Tras la inauguración oficial de las jornadas, uno de los temas tratados en la primera sesión ha sido "El defectuoso recurso de casación penal desde el principio de seguridad jurídica", a cargo de Joaquín Jiménez, magistrado del Tribunal Supremo.

Jiménez ha explicado las particularidades del recurso de casación penal, que es el que llega a la Sala II del alto tribunal, y que considera que es "manifiestamente mejorable".

Según ha señalado, la casación penal española sólo "opera" en un tercio del Código Penal, esto es, en aquellos delitos que son competencias de las audiencias provinciales.

El magistrado ha destacado que esto deja a dos tercios del Código Penal sin posibilidad de recurrir a la casación, lo que dificulta la "unificación de la práctica de interpretación de la ley".

Estos dos tercios son precisamente delitos competencia del juez de lo penal, que pueden ser apelados ante la audiencia provincial en segunda instancia, pero no hay posibilidad de casación en el Tribunal Supremo.

Se quedarían fuera de esta posibilidad de presentar recurso de casación ante el alto tribunal los delitos más "usuales" como hurtos, delitos de tráfico y otras acciones que conlleven penas inferiores a los cinco años, que quedarían en las audiencias provinciales.

Esto significa que hay en España "80 o 150 otros tribunales supremo" que deben dar cobertura a "esa parte donde no hay recurso de casación", algo que se debería modificar "cuanto antes".

Agencia EFE