Imbroda asegura tener la conciencia tranquila y está convencido de que la causa que se pretende abrir contra él "tiene poco recorrido"

Con la conciencia muy tranquila. Así es como el presidente de la Ciudad y del Partido Popular de Melilla, Juan José Imbroda, ha asegurado sentirse tras saber que la fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que abra una causa contra él por un presunto delito de prevaricación al contratar y pagar con dinero público a un abogado externo al servicio jurídico de la Ciudad Autónoma hace 14 años para solventar un asunto de la Consejería de Medio Ambiente.

Pocas horas después de conocerse esta noticia, Imbroda ha comparecido ante los medios de comunicación y, mostrando tranquilidad, ha querido explicar los hechos por los que se le quiere acusar de prevaricar. Unos hechos que se remontan al año 2000, cuando accede por primera vez a la Presidencia de la Ciudad Autónoma, y se encuentra con que el anterior Gobierno había creado unas cooperativas con unos 150 trabajadores contratados de forma irregular y a los que había que despedir para no continuar con la ilegalidad.

Fue el consejero de Medio Ambiente de la época, el socialista Rafael Hernández, el que se hizo cargo del asunto, ha asegurado Imbroda, que ha recordado que por aquel entonces había un servicio jurídico en la Ciudad Autónoma que para asuntos laborales tenía contratado a un técnico de relaciones laborales al que, por la norma existente en aquel momento, no se le permitía personarse en los tribunales de lo social para defender los intereses de la Ciudad. Fue por eso, ha dicho, por lo que se decidió designar a un abogado externo que fue elegido por el propio consejero de Medio Ambiente.

El asunto duró seis años hasta que fue solventado, un tiempo tras el cual el abogado contratado pasó sus minutas que, ha subrayado, eran el 50 por ciento más baratas que las tarifas del Colegio de Abogados.

Esas minutas, ha explicado, debían pasar por una serie de filtros para obtener la conformidad y poder ser abonadas. Así, primero pasaban por el técnico de relaciones laborales, posteriormente por el consejero de Administraciones Públicas y más tarde por el propio Imbroda, que con el informe positivo avalado por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas, no dudó en firmar para que siguieran el trámite hasta ser abonada. A continuación, las minutas pasaron por el consejero de Hacienda, después por el Interventor de la Ciudad, que los fiscalizaba, y por último llegaban al depositario pagador, que era el encargado de ordenar el pago.

“He sido uno más que noble e inocentemente ha firmado y nunca nadie me dijo que estaba mal”, ha dejado claro el presidente de Melilla, quien ha recordado que es el Interventor el que tiene que levantar reserva de ilegalidad, “y nunca nadie lo hizo”. Además, ha recordado que tampoco el Tribunal de Cuentas ha dicho nunca que aquella operación estuviera mal hecha.

Imbroda, que ha recordado que durante tres años que ha estado el asunto en el juzgado de instrucción número 2 de Melilla no se le ha permitido explicar lo sucedido, ha dejado claro que de momento no hay nada contra él, tan sólo una petición de la fiscalía que deberá pasar a la sala para que los magistrados determinen si abren causa contra él o no.

“Tengo la conciencia la mar de tranquila”, ha reiterado Imbroda, quien ha dejado claro que respeta las decisiones judiciales, pero sobre todo “la última, que es la que vale, la que marca lo justo, lo anterior es un camino. Estaré esperando la última decisión que es la que marca lo justo”.

Para finalizar, el presidente de Melilla se ha dirigido a los partidos de la oposición a los que ha asegurado estar convencido de que el asunto “tendrá poco recorrido. Pero mientras tiene ese recorrido que canten, que disfruten, que salten de alegría, que tiren cohetes, que piensen que han acabado conmigo, pero se equivocan. Les pido sosiego, tranquilidad y paciencia porque se van a equivocar mucho”. "Si esto es un delito, apagamos el país y nos vamos", ha concluido.