Imbroda se queja de "indefensión" en causa por la contratación de un abogado

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, se ha quejado hoy de la "indefensión absoluta" que está padeciendo su Gobierno en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad, relacionada con la contratación de los servicios de un abogado "externo" por parte de la Ciudad.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede del PP, Imbroda ha negado que exista una ilegalidad, en concreto prevaricación, en dicha contratación, ya que para que eso pueda ocurrir debe haber "voluntad, conocimiento y mala fe", algo que, sostiene, no se da.

La causa, iniciada en 2011 a partir de una denuncia de una asociación de letrados, se remonta al año 2001, cuando la Ciudad Autónoma contrató a un abogado para que colaborara en la defensa de los intereses de la institución ante 150 denuncias que fueron presentadas por el despido de unas cooperativas "ilegalmente" contratadas, durante un Gobierno anterior.

Según el mandatario autonómico, para la prestación de los servicios del abogado externo, se realizó un contrato de servicio civil o mercantil, pero no administrativo, por lo que no está sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público.

Además, ha resaltado que, como sucede en todos los procedimientos que se realizan en la Ciudad Autónoma, dicha contratación contó con el visto bueno del interventor y del secretario general, que en ningún momento advirtieron de que se pudiera estar cometiendo una ilegalidad, como defiende la denuncia.

Imbroda ha lamentado, además, que no se haya permitido a la Ciudad Autónoma poder personarse y que el juez instructor haya tardado hasta 14 meses en elevar a la Audiencia Provincial los recursos que ha presentado la Ciudad Autónoma.

El presidente melillense ha manifestado que en el año 2006 el Tribunal Supremo, ya archivó una denuncia similar y se ha mostrado tranquilo porque "la verdad resplandecerá", aunque ha reconocido que la situación "no es agradable".

El mandatario autonómico ha resaltado que la contratación de servicios jurídicos externos es algo que las administraciones realizan, incluso la estatal, como ocurrió en casos como el del Prestige o el tesoro del Odissey.

"No hay mala fe, ni daño a la Administración", ha insistido la primera autoridad melillense.

EFE