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Las comunidades autónomas solo tutelarán seis meses a menores inmigrantes fugados de centros

Según establece el protocolo de atención a los menores extranjeros no acompañados al que se le ha dado el visto bueno en la Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada hoy

Publicada en InfoMelilla el 20 de marzo de 2014

Agencia EFE

Las comunidades autónomas tendrán durante un periodo máximo de seis meses la tutela de los inmigrantes que abandonen los centros de menores, según establece el protocolo de atención a los menores extranjeros no acompañados (MENAS) que llegan a España o viven ya en el país.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios el consejero extremeño de Salud y Política social, Luis Alfonso Hernández, al término de la Conferencia Sectorial de Inmigración, en la que las comunidades autónomas han dado el visto bueno a dicho protocolo marco, que está pendiente de aprobación desde 2009, año en que vio la luz la Ley de Extranjería.

La sectorial, que ha presidido la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, y que no se convocaba desde junio de 2012, ha estudiado también la potenciación de un Observatorio Estatal de la Inmigración, ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en una nota de prensa.

La secretaria general ha calificado de "rico y equilibrado" el texto del protocolo y ha agradecido a las comunidades autónomas sus aportaciones en un tema tan sensible como el de los MENAS.

Del Corral ha puesto encima de la mesa el dato de los 1.763 menores no acompañados acogidos en este momento por los servicios públicos de protección de menor.

El texto tiene como objetivo coordinar la actuación de todas las instituciones implicadas en el proceso de intervención de menores, lograr un adecuado funcionamiento del registro de MENAS y armonizar los procedimientos para la determinación de la edad y los modos de actuación de cada una de las autoridades responsables, según el Ministerio.

El consejero extremeño ha explicado que lo que se pretende con el protocolo es que las comunidades "tengan claro el marco legal" en el que deben actuar, ya que hasta ahora ese ámbito estaba delimitado por el Código Civil y por otro tipo de actuaciones de la Fiscalía de Menores.

Hernández ha explicado que las comunidades tienen límites territoriales "y en el momento que el menor no se encuentra en la comunidad, la tutela no puede estar en manos" del Gobierno regional.

"A partir de ahí, el Estado tiene que articular las medidas", ha subrayado el consejero.

En cuanto al acuerdo para potenciar el registro de MENAS, el representante de la Junta de Extremadura ha señalado que era una de las cuestiones fundamentales, ya que permitirá actuar más ágilmente en la atención a esos menores.

En la reunión, la secretaria general ha informado también a los representantes autonómicos de las medidas de reforma de las administraciones públicas, incluidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que afectan a asuntos relacionados con la inmigración.

Antes del inicio, tanto Andalucía como Asturias han criticado que el Gobierno se acuerde de las comunidades autónomas en un momento en que las necesita porque tiene un problema de seguridad de fronteras cuando nunca antes había contado con ellas.

En ese sentido, el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio De Llera, ha denunciado que lo que quiere el Ejecutivo es "lavar la cara" porque en la reunión no se iban a tratar los verdaderos problemas de la inmigración sino temas consensuados de antemano.

En el mismo sentido, la consejera de Bienestar Social de Asturias, Esther Díaz, ha criticado que la sectorial de hoy fuera "una mera escenificación" para trasladar a los ciudadanos la unión del Gobierno y las autonomías en materia de inmigración cuando la realidad es que las comunidades están solas.

Por su parte, el viceconsejero de Bienestar Social de Melilla, Hassan Driss, ha señalado, en declaraciones antes de la reunión, que una de sus propuestas era que el protocolo contemplase la tutela y el desamparo de los menores cuando deciden salir de los centros.

Otro de sus planteamientos que, según Driss había sido aceptado por el gobierno, iba dirigido a que las pruebas de edad a los inmigrantes que dicen ser menores se realicen antes de ingresar en el centro.