Liarte considera "inadmisibles" las declaraciones de Marín sobre la Operación Ópera porque "se ha convertido en juez y parte"

El portavoz de Populares en Libertad (PPL) en la Asamblea, Julio Liarte, ha calificado como “inadmisibles” las declaraciones del vicepresidente del Gobierno local, Miguel Marín, en las que “ataca” a la Guardia Civil y a la jueza instructora y afirma que la Operación Ópera es un proceso contra el Ejecutivo y la ciudad”. Miguel Marín está intentando influir en el ánimo de los jueces “para que no sigan investigando los numerosos casos de corrupción que afectan a su gobierno y archive los procesos que ponen en entredicho la legalidad y la ética de su gestión”.

El diputado de PPL ha expresado que “los casos judiciales están haciendo perder a los miembros del gobierno el necesario respeto institucional que debe mantener con otros poderes u órganos del Estado”. Y refiriéndose en particular a Miguel Marín, ha afirmado que, “además de no tener preparación ni conocimientos jurídicos para dictaminar esta clase de asuntos”, es también “el protagonista de algunos procesos judiciales pendientes en los que se determinará si ha incurrido en responsabilidad pernal por su actuación como consejero del gobierno de Imbroda”.

Marín es juez y parte

Según Liarte, “no se puede permitir que políticos imputados utilicen su cargos para acometer contra los jueces y los cuerpos de seguridad de Estado que investigan la comisión de actuaciones administrativas delictivas”.

En este caso, asegura, “Marín se ha erigido en juez y parte y pretende dar la absolución al gobierno con más imputados de toda España”. En lugar de cuestionar la imparcialidad del poder judicial, Marín debiera invocar el código ético del PP que ordena apartar a los políticos imputados de sus cargos públicos”.

Presunción de inocencia

El diputado liberal ha recordado que PPL respeta la presunción de inocencia de todos los imputados y, por tanto, nunca arremeterá contra las personas que se encuentra en esta situación procesal. “Pero ello no obsta a que se exijan responsabilidades políticas a los miembros del gobierno sobre los que existen indicios de haber violado la ley”, ha dicho. Serán los tribunales los que determinen si hay una infracción penal o administrativa, “pero existe una grave responsabilidad política que Imbroda y Marín no quieren asumir”.

No son errores administrativos

Para Liarte resulta sorprendente que el propio Gobierno reconozca que se equivoca reiteradamente y, sin embargo, a ninguno de sus miembros se le haya rendido cuentas de su gestión. Pero “no se trata de errores administrativos, sino que estamos ante incumplimientos flagrantes de la normativa de contratación administrativa”.

“Podría hablarse de error si se ignora que el límite de los contratos de menores de servicio es 18.000 euros y se celebra uno por importe mayor, pero estableciendo la ley claramente este límite económico y que está prohibido fraccionar los contratos para no sacarlos a licitación pública, lo que ha hecho la Ciudad Autónoma es de juzgado de guardia”, ha señalado Liarte.

Y por eso el Juzgado de Instrucción nº 4 sigue investigando “si es delictivo este abuso de la contratación menor y el hecho de que siempre sean los mismos empresarios los beneficiarios de estos contratos que se adjudican a voluntad de los consejeros”.