Melilla cree "desproporcionadas" las medidas adoptadas durante los registros de la Guardia Civil

El Gobierno de Melilla ha considerado "desmesuradas y desproporcionadas" las medidas judiciales adoptadas durante los registros de la Guardia Civil el miércoles en varias dependencias municipales, lo que ha provocado un grave perjuicio a los ciudadanos y a la Ciudad Autónoma que está siendo cuantificado.

En rueda de prensa, el vicepresidente primero del Ejecutivo melillense, Miguel Marín, ha informado de que las diferentes consejerías están elaborando un informe para que el Juzgado de Instrucción número 4 tenga conocimiento "de primera mano" de "los perjuicios y el quebranto" que ha provocado por sus diligencias.

Ha enumerado algunas de las "graves consecuencias", entre las que se encuentran el retraso en el cobro de las nóminas de los empleados públicos, la paralización de las bolsas de trabajo para los contratos interinos y la imposibilidad de controlar la salida de mercancías en Aforos, así como la suspensión del cobro de los recibos tributarios.

De igual modo, las oficinas de información y atención al ciudadano quedaron paralizadas sin poder prestar servicios urgentes y necesarios, como la expedición de certificados de empadronamiento para que los residentes en Melilla pudieran acreditar su derecho a la bonificación del 50 % a la hora de viajar.

Una de las áreas más afectadas fue la Consejería de Bienestar Social, donde se expiden ayudas de emergencia como la de leche maternizada y comedor social, así como otros servicios que no pudieron realizarse con motivo de los registros de la Guardia Civil y la intervención de los servidores informáticos de la Ciudad Autónoma.

También se tuvo que suspender la concesión de becas, los trámites para la expedición de los bonos de viaje para colectivos especiales y otros servicios "muy concretos" que la Ciudad Autónoma ofrece a las víctimas de violencia de género.

Marín ha lamentado que muchos melillenses se vieron afectados por los registros desde primera hora de la mañana, produciendo "un quebranto y un perjuicio económico para los ciudadanos y la propia Administración", de ahí que haya decidido hacer un informe recopilatorio que presentará ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla.

El número dos del Gobierno melillense ha dicho que con esta actuación, quiere hacer ver a la autoridad judicial "las graves consecuencias de esa intervención", que se podía haber realizado "de otra manera" para no perjudicar a los ciudadanos, como por ejemplo, hoy viernes a las dos de la tarde, lo que "no hubiera provocado ningún daño".

Marín ha denunciado además que un perfil en las redes sociales conociera de antemano determinadas actuaciones judiciales de la Operación Ópera a pesar de que el caso se encuentra bajo secreto de sumario, algo que ha considerado "muy grave" y de lo que ha pedido a quien corresponda que tome las medidas oportunas.

Por último, ha calificado como "un espectáculo lamentable" la ausencia de la oposición en el pleno de la Asamblea celebrado esta mañana, y ha recordado que el presidente tiene un plazo de tres días estipulado en el Reglamento para convocar una Junta de Portavoces cuando se registra una solicitud como la de hoy.

Para Marín, los diputados de la oposición son "personas anárquicas que no respetan el Estado de Derecho" y pretenden "hacer una imposición al presidente de la Ciudad Autónoma que no viene recogida en ningún texto legal", al tiempo que ha rechazado las críticas por la Operación Ópera porque "no es nada nuevo que juzguen antes que los tribunales de Justicia".

En cualquier caso, ha dicho que "están desautorizados" cuando piden dimisiones de miembros del Gobierno, ya que ha recordado que en los partidos de la oposición hay más de 20 imputados por la presunta comisión de varios delitos por el caso voto por correo.