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PPL solicita una comisión de investigación sobre los contratos menores en la Cañada
Liarte asegura que “Imbroda tiene otra magnífica oportunidad para eximirse de cualquier responsabilidad política en esta materia"
Publicada en InfoMelilla el 20 de junio de 2014
El diputado de Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, ha informado de que su grupo parlamentario ha presentado ante la Mesa de la Asamblea una moción instando a la constitución de una Comisión de Investigación sobre la adjudicación de los contratos menores de servicios y obras en la Cañada. “Imbroda tiene otra magnífica oportunidad para eximirse de cualquier responsabilidad política en esta materia, pero es seguro que volverá a desaprovecharla”, ha dicho.
Liarte considera que el PP puede desmentir “la peligrosa relación de su Gobierno con algunos miembros del fundamentalismo islámico” si admite la propuesta de PPL y acepta la creación de la comisión de investigación.
Arbitrariedad en la adjudicación de los contratos menores
El diputado melillense no cuestiona la presunción de inocencia de ninguno de los detenidos en la Cañada, y “al margen de las vinculaciones que, según la Guardia Civil y la Audiencia Nacional, mantienen con el yihadismo”, considera que existe en Melilla un problema de “mala gestión de los fondos públicos y una excesiva arbitrariedad en la adjudicación de los contratos que es de conocimiento público por su carácter escandaloso y sus implicaciones judiciales”.
Aunque el portavoz del Gobierno, Daniel Conesa, “desprecie y no tolere las críticas de la oposición”, Liarte cree que Conesa “es el único melillense que no se ha enterado que el Tribunal de Cuentas, los juzgados y la Guardia Civil han constatado reiteradamente que en la contratación administrativa de la Ciudad Autónoma se advierten numerosas prácticas irregulares”.
Un Gobierno que prefiere la clandestinidad Según Liarte, “el Gobierno se ha acostumbrado a actuar clandestinamente y cuando la oposición y las investigaciones judiciales han revelado cómo contrata la Ciudad Autónoma, se intenta seguir impidiendo que trasciendan los detalles de las obras y servicios contratados y los criterios de selección de los adjudicatarios”.
El diputado de PPL asegura que “si Imbroda continua negando a la oposición su derecho y obligación de fiscalizar la gestión de su gobierno, no podrá contener a los tribunales de justicia para que actúen de oficio o a instancia de los partidos políticos”.
La abusiva contratación menor
Aunque la ley de contratos del sector público exige que los contratos se adjudiquen ordinariamente mediante el procedimiento abierto o restringido, Liarte asegura que “este Gobierno ha hecho de los contratos menores el sistema normal de contratación de la Ciudad Autónoma”.
“Es insólito que, según el consejero de Economía y Hacienda y el viceconsejero de Festejos, nuestra Administración celebre miles de contratos menores. Esto obedece claramente a una decisión política. No se quiere cumplir los principios de publicidad y concurrencia que caracterizan a los demás procedimientos”, ha señalado el diputado de PPL, quien además sostiene que existen unos empresarios que se repiten “sospechosamente” como adjudicatarios. “Esta abusiva política está provocando un claro perjuicio a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas que ven vedado su acceso a los mercados y, especialmente, a los contratos públicos, que supone aproximadamente el 20% del producto interior bruto de la Unión Europea”, ha dicho.
PPL retiraría la denuncia si se crea la Comisión de investigación
El diputado melillense recuerda que PPL sólo ha recurrido a la justicia cuando el Gobierno se ha negado a justificar su comportamiento o la actuación de sus cargos políticos. Por eso, Julio Liarte asevera que “si Imbroda autoriza a sus diputados a constituir la Comisión de Investigación, Populares en Libertad retiraría la denuncia por la supuestas ilegalidades de la contratación menor en la Cañada”.
“No puede ocultarse a los ciudadanos cómo y en qué se gasta Javier González el dinero en los distritos IV y V. La falta de transparencia de la gestión de este consejero es inadmisible y sólo una comisión de investigación independiente y desvinculada del gobierno podría comprobar el verdadero destino y finalidad de los fondos públicos y, en su caso, depurar las correspondientes responsabilidades políticas”, ha dicho.