Velázquez exige a Imbroda que asuma responsabilidades políticas ante su "inminente" imputación por el Tribunal Supremo

El presidente de Populares en Libertad (PPL), Ignacio Velázquez, ha pedido al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que asuma responsabilidades políticas ante “su inminente imputación por el Tribunal Supremo”, ya que considera que sería “denigrante que escurriera su responsabilidad en funcionarios y políticos de la época”.

Tras oír la pasada semana las explicaciones dadas por Imbroda sobre los hechos por los que se le pretende imputar un presunto delito de prevaricación, Ignacio Velázquez ha acusado a Imbroda de tener memoria selectiva, ya que “el asunto de las cooperativas nace cuando el propio Imbroda era consejero de Economía y vicepresidente primero en el Gobierno de Enrique Palacios. Por tanto, quién pago y dio crédito a las cooperativas fue él mismo y formó parte en la formación de esas cooperativas”.

Así mismo, el presidente de PPL asegura que el mandatario local miente al decir que se vio obligado a contratar a un abogado externo para que llevara el caso porque los graduados sociales de la Ciudad no podían personarse en primera instancia. El líder de PPL no comprende la falta de preocupación de Imbroda “cuando está tan cerca del suplicatorio”, máxime cuando los informes de la Guardia Civil y del Interventor General del Estado “reflejan la gravedad de este asunto”.

Según se desprende del informe de la Guardia Civil, continúa Velázquez, acusan a las personas responsables por haber designado a ese letrado externo “sin que se remitiera un acuerdo de Consejo de Gobierno; sin constar un informe de necesidad que justificara tal contratación; sin una aprobación del gasto previa; haber decretado el abono de la provisión de fondos cuando la ley prohíbe que una administración pública adelante fondos públicos para una prestación de servicios y sin la existencia de una contratación previa como exigía la legislación de contratación pública en aquellas fechas; haber realizado la contratación del letrado al margen de la legislación de contratación pública existente en aquel momento”.

El informe del Interventor General del Estado, además, establece que la competencia para la contratación del letrado correspondía al Pleno de la Asamblea, ya que ésta conllevaba un gasto plurianual que superó el límite de las cinco anualidades. Además, la competencia para determinar el ejercicio de acciones judiciales y designar letrado, estaba delegada por el presidente en el Consejo de Gobierno, pero no en el Consejero de Medio Ambiente o en la Consejería de Recursos Humanos, “que actuaron sin competencia”. En relación a la tramitación del expediente de contratación, el informe dice que se realizó incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia.

Por todo ello, Velázquez ha manifestado que no va a dar saltos de alegría por la imputación, pero no comprende que se minimice este caso o acusen a la oposición de desvelarlo, porque “sólo tratan de desviar la atención”.