El PP recuerda a Rojas que lo que pretende para garantizar el pago de las parte proporcional de la cuotas de la SS a los trabajadores "es ilegal"

La secretaria de Comunicación del Partido Popular(PP) de Melilla, María de los Ángeles Gras, ha explicado a la candidata socialista a la Presidencia de Melilla, Goria Rojas, que la promesa de establecer cláusulas para puntuar más en los contratos a las empresas que se comprometan a pagar a los trabajadores la parte que les corresponde de la bonificación de la Seguridad Social, “es ilegal”.

Gras cree que la socialista “ha iniciado muy mal el camino de los compromisos electorales porque ha empezando mintiéndole a los melillenses y así, desde luego, no es la mejor forma de alcanzar sus objetivos”.

La popular ha explicado que si el Gobierno introdujera semejante iniciativa en los pliegos de condiciones, todos ellos serían susceptibles de impugnación por parte de las empresas interesadas en los concursos. “Para que nos entendamos, el reparto entre empresas y trabajadores de ese porcentaje de bonificación de la Seguridad Social forma parte de un acuerdo entre patronal y sindicatos, un acuerdo que la gran mayoría de las empresas cumplen”, ha dicho. “Que el trabajador sea beneficiario directo de la medida no forma parte de la normativa legal, no está escrito en la ley, y, en consecuencia, no puede ni exigirse en las relaciones contractuales ni ser un plus en los pliegos de condiciones”, ha dicho.

Además, ha recordado que sucesivos informes de las juntas consultivas de contratación administrativa dejan claro que no se pueden establecer criterios privativos en los pliegos de contratación y hacen valer, por encima de cualquier circunstancia, los principios de libertad de acceso a las licitaciones y no discriminación e igualdad de trato entre las empresas candidatas.

Por todo ello, Gras ha dejado claro que “Gloria Rojas se compromete a hacer algo legalmente imposible y critica al Gobierno de Imbroda por no cumplir las normas. La candidata socialista debe saber que fue el Gobierno de Imbroda el que, en el año 2003, pidió al entonces Gobierno central la adopción de una medida de bonificación a la Seguridad Social para las empresas de los sectores más críticos de la ciudad”.

La popular ha dejado claro que el Gobierno local espalda que todas las empresas beneficiadas cumplan con el acuerdo alcanzado en su día, pero ha señalado que carece de mecanismos legales para dar carácter obligatorio al pago que corresponda. De hecho, “son los tribunales de Justicia los que deben pronunciarse sobre el incumplimiento del acuerdo, como han venido haciendo dándole rango de acuerdo de convenio colectivo, por decirlo de una forma que todos podamos entender”.