Elaboración de un Código Ético y un mayor control sobre la contratación menor, medidas destacadas del acuerdo PP-PPL para evitar la corrupción

Con el fin de lograr la regeneración democrática de la ciudad, el Partido Popular y Populares en Liberad (PPL) han incluido en su acuerdo de gobernabilidad una serie de objetivos que deberán cumplirse a lo largo de la presente legislatura y que pretenden, principalmente, evitar la corrupción.

Entre esas medidas destaca la elaboración de un Código Ético y de Buen Gobierno cuyas reglas sean cumplidas, ya que en caso contrario se podría llegar a producir el cese de los cargos políticos y de los funcionarios en los puestos de libre designación.

Entre las medidas que incluirá ese Código se encuentra la prohibición para cargos políticos y funcionarios de recibir regalos por el ejercicio de su cargo; prohibición para los cargos políticos de que sus familiares hasta segundo grado ingresen a trabajar en la Ciudad Autónoma como personal eventual de confianza; el cese de los cargos públicos que se encuentren en un proceso penal sancionador por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones aunque sea recurrido; constitución de una Comisión de Ética Público que informará sobre los conflictos que plantee la aplicación de dicho Código.

Del mismo modo, con el fin de evitar la corrupción, otra de las medidas adoptadas por PP y PPL será la de centralizar la contratación menor en la Consejería de Hacienda y la creación de un Registro Público de Empresas que desee celebrar contratos menores y publicitar todos esos contratos.

Por otra parte, para la contratación administrativa se deberá seguir unos pasos obligatorios que incluirá la programación previa de la contratación, la información a la Comisión pertinente de los pliegos de contratación, informe jurídico de los pliegos, incorporación a la Mesa de Contratación de al menos un miembro del grupo mayoritario de la oposición, creación de una Comisión de Control y Vigilancia de la Contratación presidida por un diputado de la oposición y publicación de todos los procedimientos negociados sin publicidad.

Con respecto a las subvenciones, se prohibirá otorgarlas a entidades privadas que no hayan realizado actividad alguna desde su constitución en los tres años anteriores, mientras que respecto los convenios, para evitar fraudes e incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, en el expediente habrá de constar el informe del Secretario General que dictamine su legalidad, y si el convenio genera algún gasto para la Ciudad Autónoma, habrá de incorporarse el informe del Interventor.

Por otra parte, con el fin de reforzar el control de legalidad de las actuaciones urbanísticas, se considera imprescindible reorganizar la Consejería de Fomento con la creación de una Oficina de Protección de la Legalidad Urbanística, de una Oficina de Planeamiento Urbano y garantizar un control previo de la Agencia Tributaria.

Por último, otra medida destacada en el acuerdo de gobernabilidad entre PP y PPL es la obligación de que los tribunales de las oposiciones para acceder a la función pública estén compuestos exclusivamente de funcionarios de la administración del Estado destinados fuera de Melilla.