La Delegación del Gobierno insiste en la necesidad de conseguir una mayor implicación de la UE en la gestión de su frontera sur

La Delegación del Gobierno en Melilla insiste en la necesidad de conseguir una mayor implicación y apoyo de la Unión Europea en la gestión de la extrema presión de la inmigración irregular sobre Melilla y Ceuta, tras conocer las consideraciones del Comisario de Derechos Humanos del Consejo Europeo, Nils Muižnieks, que en esta misma semana visitó la ciudad.

En tal sentido, reitera que la enmienda propuesta para la Ley de Extranjería, a través de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, sólo busca mejorar el actual marco legal frente a las singularidades que se dan en la frontera sur de Europa, sin menoscabo de la correcta observancia del derecho que asiste a los inmigrantes merecedores de los protocolos de asilo y refugio.

La enmienda pretendida persigue únicamente, según la Delegación del Gobierno, mejorar la ordenación de los flujos migratorios e impedir los intentos irregulares de entrada en territorio europeo por puntos fronterizos no habilitados.

Como en innumerables ocasiones ha dicho el delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, “no podemos ni debemos resignarnos a un modelo de inmigración basado en asaltos masivos al vallado fronterizo”, en el que la conflictividad resulta tan inevitable como las situaciones de peligro y riesgo extremos que comportan tanto para los propios inmigrantes como para las Fuerzas de Seguridad encargadas de custodiar y defender la frontera sur de Europa.

El modelo de inmigración de salto masivo para vulnerar a la fuerza el perímetro de Melilla o Ceuta, “no es un modelo admisible ni justificable bajo ningún concepto ni punto de vista”, insiste.

El Barkani considera que cualquier defensa o admisión de dicho modelo, lejos de favorecer una inmigración regular y ordenada, “sólo beneficia a las mafias que trafican con seres humanos y que alientan y promueven este tipo de entradas a la desesperada, en forma de asaltos masivos a la frontera sur de Europa”.

La Delegación del Gobierno insiste además en el respeto “escrupuloso” al derecho de asilo y refugio, aplicable por igual a cualquier inmigrante que demuestre ser merecedor de protección internacional. No obstante, insiste también en que todos los flujos migratorios que llegan a la ciudad no son comparables, tal cual se constata con el dato cierto de que sólo 5 de los casi 2.500 inmigrantes subsaharianos que entraron irregularmente en la ciudad durante el pasado 2014, solicitaran el derecho de asilo y que, 3 de ellos, finalmente desistieran de la solicitud.

Agradece la Delegación del Gobierno que el comisario Nils Muižnieks haya podido constatar por sí mismo el grado de exposición de Melilla y Ceuta ante la extrema presión migratoria irregular que ambas ciudades vienen sufriendo desde hace años y recuerda que, frente a este fenómeno, España tiene la obligación -en su doble condición de estado soberano y miembro de la Unión Europea situado en la frontera exterior del espacio Schengen- de proteger, vigilar y salvaguardar sus límites fronterizos.

Una obligación, considera, que trasciende del ámbito puramente nacional por cuanto deriva directamente del Código de Fronteras Schengen, que impone a España la responsabilidad de preservar la frontera exterior de la Unión, mediante el ejercicio de la vigilancia fronteriza con la triple finalidad de impedir el cruce no autorizado, luchar contra la delincuencia transfronteriza y adoptar las medidas que procedan contra las personas que hayan cruzado la frontera ilegalmente.

De no atenderse debidamente la custodia y defensa de la frontera sur de Europa, las entradas de inmigrantes irregulares se habrían disparado de forma incontrolable, al haberse contabilizado, sólo en 2014, más de 70 saltos masivos al vallado con Marruecos, en los que participaron unos 22.000 inmigrantes.