Libertad provisional para los 15 detenidos por presunto fraude en la adjudicación de contratos públicos

El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla ha decretado la libertad provisional para los quince detenidos el pasado martes en Melilla, Málaga, Madrid y Las Palmas, en el marco de la Operación Tosca, que investiga una presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos.

Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), la puesta en libertad se justifica en el hecho de que no se aprecia riesgo de fuga ni ningún otro motivo de los que habilita la ley para la adopción de una decisión "más gravosa" sobre su situación personal, como sería el ingreso en prisión.

No obstante, a los detenidos, que han prestado declaración entre ayer y hoy, se les ha impuesto la obligación de comparecer en el juzgado.

Trece de los quince detenidos han declarado en Melilla, uno en el Juzgado de Refice (Lanzarote) y otro, esta mañana, en el juzgado de guardia de Málaga, al no poder llegar a la ciudad autónoma por "motivos meteorológicos".

A todos ellos, el juez Francisco Ramírez Peinado les ha interrogado sobre diversos hechos para esclarecer si se han producido delitos contra la administración pública, en concreto, prevaricación, revelación de secretos, cohecho, fraude y malversación, así como para determinar la responsabilidad de cada uno de ellos.

La instrucción, que se encuentra bajo secreto de sumario, se inició a finales del año 2012 y ha contado con la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, centrada en contrataciones presuntamente fraudulentas entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma y distintas empresas.

Según el TSJA, el procedimiento afecta a un total de 35 personas, entre los que hay políticos y técnicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como responsables de varias empresas.

En las próximas semanas, el juez irá citando para escuchar sus declaraciones a consejeros y técnicos de tres consejerías, que no han sido detenidos, pero a los que se relaciona con estos presuntos delitos contra la administración pública.

Fuentes judiciales han precisado a Efe que los consejeros citados son el de Economía y Hacienda, Daniel Conesa, el de Medio Ambiente, Jose Ángel Pérez Calabuig, y el de Seguridad Ciudadana, Francisco Calderón.

Estas personas son los responsables políticos de tres de las áreas que se encuentran bajo sospecha, según las fuentes, relacionadas con empresas del agua (Hispanagua), la electricidad (Himosa) y la seguridad (Eulen).

Agencia EFE