Rafael Catalá cree que la Ley de Seguridad Ciudadana disipará las dudas sobre las actuaciones en el perímetro fronterizo

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que la Ley de Seguridad Ciudadana que se aprobará próximamente regulará las llamadas “devoluciones en caliente” en el perímetro fronterizo y que tendrán por objetivo garantizar derechos al ciudadano y la convivencia. Catalá, quien ha hecho estas declaraciones en su visita a Melilla con motivo de la inauguración de la Oficina Fiscal en la ciudad, ha recordado que España tiene un sistema de libertades consolidado, pero que en “sociedad compleja como la del siglo XXI tiene que haber normas que regulen el ejercicio de los derechos” como es el caso del acceso a las fronteras “sin, en absoluto, limitar” dichos derechos.

Además, según ha recordado el Ministro a los medios, una de las obligaciones del poder legislativo es facilitar herramientas eficaces para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan hacer su trabajo “con la calidad, con las garantías y con la seguridad jurídica necesaria”. Por ello, Catalá cree que Ley de Seguridad Ciudadana aclarara “algunos aspecto que pueden tener alguna sombra de duda” y ha querido dejar claro lo que muchas veces lo que se produce son entradas en “un estado soberano”, un hecho que está “sometido a normas, como es razonable y como lo es en todo el mundo” a pesar de la singularidad de la “frontera Sur de Europa” y que la obligación de los legisladores es que “haya normas claras y transparentes para todos”.

Respecto a la problemática de los menores extranjero no acompañados, Rafael Catalá ha señalado que es necesario reflexionar sobre la conveniencia de la mejora “del marco normativo que nos ayude a que los fiscales puedan hacer mejor su trabajo de defensa de los derechos de los menores”.

Lucha contra la corrupción El responsable de la cartera de Justicia del Gobierno de la Nación también ha hecho referencia a la labor que desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía y el poder judicial se está llevando a cabo para luchar contra la corrupción en el conjunto del país, y ha destacado la labor legislativa que se está desarrollando que sea cada vez más eficaz la lucha contra este tipo de delitos, algo “que demanda la sociedad” y que demuestra que “el Estado de Derecho funciona”. “Porque las instituciones funcionan estamos conociendo en los últimos tiempos procesos judiciales que intentan esclarecer supuestos delitos de comisión de corrupción” ha indicado el Ministros, por lo que “nos debemos de felicitar porque el funcionamiento del Estado de Derecho” ya que necesario que la sociedad perciba que tiene unos servidores públicos que, “en su mayoría”, son absolutamente honrados y transparentes.