El Gobierno de Melilla mediará entre la empresa de limpieza viaria y su plantilla para solucionar problemas y mejorar el servicio

El Gobierno de Melilla mediará entre la empresa adjudicataria del servicio de limpieza, la UTE FCC-Urbaser, y su plantilla, compuesta por 335 trabajadores, para intentar solucionar los problemas que hay entre las dos partes y lograr, al mismo tiempo, una mejora del servicio público que presta.

El consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, ha expresado este compromiso durante el pleno de la Asamblea que se ha celebrado hoy para aprobar la prórroga por un periodo de dos años de este contrato adjudicado en 2012, que supondrá un coste a las arcas públicas de 22.534.305 euros.

Quevedo ha admitido que en una empresa con tantos trabajadores "el tema laboral siempre es complejo", situación que se está dando en el caso de la UTE que presta el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en Melilla, cuyo convenio colectivo ha sido denunciado.

El consejero ha admitido que no se prevé que sea fácil firmar un nuevo convenio colectivo mientras no se despeje "una duda importante", relativa a si los trabajadores tienen derecho a percibir un 40 % de la bonificación a la Seguridad Social de la que se beneficia la empresa, asunto que se encuentra actualmente en el juzgado y que supondría una subida salarial del 7 %.

Quevedo ha dicho que la Ciudad Autónoma es la primera interesada en que haya una mayor estabilidad laboral de la plantilla y que se consoliden sus derechos laborales porque eso contribuirá a una mejora del servicio de limpieza, con el que no está satisfecha y por la que ha pedido una mejora.

Para ello, la Consejería de Medio Ambiente ha destinado a dos funcionarios a realizar labores de supervisión del servicio de limpieza y optimización de los medios y recorridos que hace cada maquinaria, y ha destacado la puesta en marcha en diciembre del GIS, un sistema que por medio de GPS permite controlar el trabajo de camiones, barredoras e hidropresores.

No obstante, ha asegurado que el contrato se está cumpliendo en un 99 % y de ahí que el Gobierno melillense haya optado por prorrogarlo, habida cuenta que se trata de un buen pliego de condiciones que fue respaldado en 2012 con una amplia mayoría de la Asamblea, el cual es prestado a un precio adecuado que supone unos 120 euros por habitante y año.

Este asunto ha sido debatido durante cerca de 45 minutos en la Asamblea, donde la oposición ha hecho hincapié especialmente en las condiciones laborales de la plantilla, aunque finalmente la prórroga ha salido adelante con los votos a favor de PP, Coalición por Melilla (CPM), Ciudadanos (C's) y Grupo Mixto y la abstención del PSOE.

Agencia EFE