Kaddur: “No hay impedimento legal para una Comisión de Investigación de Tosca, es cuestión de voluntad política”

“Según lo dicho por los propios técnicos de la Ciudad Autónoma, no hay ningún impedimento legal ni normativo para crear la comisión de investigación, va a ser únicamente una cuestión de voluntad política”. La diputada del Grupo Socialista en la Asamblea, Lamia Mohamed Kaddur, hacía pública la respuesta que el 7 de marzo, el secretario general de la Ciudad Autónoma, daba a la petición del Grupo Parlamentario Socialista de crear una Comisión de Investigación por la Operación Tosca.

En dicha respuesta, el técnico deja claro que la petición realizada por el Grupo Municipal del PSOE cumple con lo establecido en el Reglamento de la Asamblea y añade que hay que determinar qué Comisión es la que la eleva a Pleno y que debe elevarla a debate y votación en el Pleno de la Asamblea.

La diputada del PSOE local adelantó que, en los próximos días, esta petición va a ser elevada a Pleno “y seremos los propios diputados lo que, a través de nuestro voto, aprobemos la creación o no de esa comisión y su composición”.

“Será entonces –agregó- cuando se acaben las palabras y empiecen los hechos. Si es verdad que, como dice el Presidente Imbroda, no hay nada que ocultar y todo se puede explicar con facilidad y demostrar que no hay ninguna irregularidad”.

Sin motivo para el rechazo “Desde el PSOE, imaginamos que el PPL que tanto habló la pasada legislatura de transparencia y de dar cuentas a la ciudadanía por parte del Ejecutivo local, va a poyar esta Comisión”, señaló.

Además, también apuntó que “entendemos que los populares son los primeros en querer demostrar que todo se trata de un error y que no hay nada que ocultar y, por tanto, que van a apoyar esta comisión”. Es decir, “no encontramos ningún motivo para que ningún diputado de la Asamblea vote en contra”, apostilló.

De lo contrario, si PP o PPL vetan esta Comisión, “en nuestra opinión, estarán diciendo alto y claro que no quieren transparencia, que no quieren que se aclare todo esto y que tienen mucho que ocultar”, agregó.

Porque, tal y como recordó Mohamed Kaddur, el propio Presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, el pasado 2 de marzo, aseguró que la Operación Tosca no era un gran problema, y aseguraba que “no será difícil explicarlo”. “Pues Imbroda está de enhorabuena, porque va a tener la posibilidad de que las personas señaladas por la Operación Tosca den esas explicaciones y dejen todo aclarado”, subrayó.

Reconocido por Reglamento En palabras de la diputada, el PSOE pide esta comisión “en exigencia de transparencia en las cuentas y por la eficacia en la gestión del dinero de todos los melillenses”. “Debe ser un ejemplo de normalidad democrática, la preocupación por la gestión del dinero público está en la calle y la gente quiere saber”, aseguro.

En el último Pleno de Control, miembros del Gobierno aseguraron que no eran partidarios de la Comisión de Investigación porque dicha investigación estaba en curso y podía interferir en la misma. Sin embargo, desde el PSOE discrepan y apuntan a la normativa vigente para desmontar este argumento.

Así, según recoge la actual Constitución Española de 1978, estas comisiones son instrumentos al servicio de los representantes ciudadanos, que sirven para la fiscalización, seguimiento e información de todos aquellos asuntos o problemas que afecten a la sociedad y que, por su relevancia, puedan ser consideradas de interés público. Es un medio o instrumento importante que se pone a disposición de los grupos políticos para supervisar la acción de gobierno.

Pero es más, el Reglamento de la Asamblea también recoge la figura de la Comisión de Investigación. En su Artículo 34.1, dice que “la Asamblea podrá constituir en su seno Comisiones que podrán ser permanentes, especiales o de investigación”. Y en su artículo 41 dice “también podrán crearse comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público de la Ciudad Autónoma”; “La propuesta de su creación corresponderá a los órganos señalados en el artículo 40.2”, es decir, a las Comisiones Especiales serán propuestas por el Presidente de la Ciudad, por el Consejo de Gobierno, por la Mesa de la Asamblea o por un grupo de la Asamblea.

Además, en el articulado del punto 41 se señala que dicha Comisión podrá requerir, a petición de cualquier Grupo, la presencia de empleados públicos, de miembros del Gobierno y responsables de la Administración de la Ciudad Autónoma para la aportación de testimonios y de los documentos que fuesen precisos para el esclarecimiento del asunto investigado y que las conclusiones se plasmarán en un dictamen que será debatido por el Pleno de la Asamblea.

Y, si en ellas se apreciaren indicios racionales de criminalidad, el Pleno de la Asamblea dará cuenta al Ministerio Fiscal para lo que fuese procedente, apostilla la normativa en la que se basa el Reglamento de la Asamblea.

Mohamed Kaddur también tuvo palabras para desdecir a aquellos miembros del Gobierno del PP que aseguran que la investigación está en curso y que no es oportuno abrir una Comisión de Investigación. “Hay que recordar que hay muchos sitios en los que se ha creado una comisión de investigación con una causa judicial abierta”, expuso y señaló al ayuntamiento de Sevilla, que abrió una en septiembre por una causa judicial emprendida por el Juzgado de Instrucción número 6 y luego asumida por la Audiencia Nacional; la abierta el 28 de enero por el ayuntamiento de Valencia por una supuesta trama de corrupción en proceso de investigación; la del ayuntamiento de Madrid, también en febrero de este año, por un asunto que se encuentra en proceso judicial; o la que creó en junio de 2012, la Junta de Andalucía por el caso de los EREs.

Presunción de inocencia “Cuando desde el PP nos acusan de doble vara de medir, no podemos más que dejar claro que es absolutamente falso”, aseguró la socialista. “Desde el PSOE defendemos la presunción de inocencia, sean del partido que sea. Lo hemos dicho una y mil veces”, recalcó.

“Será la justicia la que determine la culpabilidad o no de las personas investigadas y será la Justicia la que determine si hay o no responsabilidades penales”, insistió. Pero dejó claro que se trata de dinero público. “Cuando desde el PSOE hablamos de este tema lo hacemos porque hay una gran inquietud en la calle, hay muchos melillenses preocupados por el uso que desde el Gobierno local se está dando, preguntándose si durante muchos años su uso ha sido o no el correcto”, argumentó.

“La Justicia hará su trabajo, pero todos sabemos que los procesos judiciales son lentos y se dilatan durante muchos años. Estamos hablando de que puede que pasen 5, 6 u 8 años hasta que la Justicia resuelva si ha habido o no un uso fraudulento del dinero de los melillenses por parte de responsables del PP”, indicó.

Por eso, añadió, desde el PSOE “hemos planteado una Comisión de Investigación, pensando en la tranquilidad de los melillenses, en aclarar qué ha pasado, si ha habido un mal uso del dinero o no”.

“Nosotros pedimos esta comisión de investigación, en exigencia de transparencia en las cuentas y por la eficacia en la gestión del dinero de todos los melillenses. Debe ser un ejemplo de normalidad democrática. Como he dicho, la preocupación por la gestión del dinero público está en la calle y la gente quiere saber”, concluyó.