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Melilla confía en la absolución de María Antonia Garbín, acusada de un presunto delito de prevaricación

Conesa ha afirmado que se trata de "una cuestión meramente administrativa" que se inició "mucho antes de que llegara a su puesto como consejera" en 2003

Publicada en InfoMelilla el 15 de febrero de 2016

El Gobierno de Melilla confía en que la exconsejera de Bienestar Social María Antonia Garbín será absuelta del delito de prevaricación que se le imputa por la contratación de abogados externos en la Ciudad Autónoma, ya que considera que no existe ninguna actuación que constituya un ilícito penal.

A preguntas de los periodistas, el portavoz de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, ha mostrado así el respaldo del Gobierno local a su exconsejera, que esta legislatura es diputada del PP en la Asamblea de Melilla y asesora de este grupo parlamentario, ya que debido al pacto de gobernabilidad entre PP y Populares en Libertad (PPL) no pudo entrar en el Gobierno.

"No le vamos a exigir nada", ha dicho Conesa, que ha argumentado la confianza del Ejecutivo en la absolución al afirmar que se trata de "una cuestión meramente administrativa" que se inició "mucho antes de que llegara a su puesto como consejera" en 2003.

"A esto yo lo llamaría una prevaricación hereditaria, porque aquí parece que se han puesto de acuerdo los secretarios técnicos que han ido pasando por la consejería y los directores generales para cometer una prevaricación", ha dicho Conesa para insistir en su incredulidad al respecto.

Sí ha admitido que "a lo mejor está mal hecho" el procedimiento administrativo por el que la exconsejera ha sido imputada por un presunto delito de prevaricación, pero ha considerado que hay "un salto cualitativo" entre ese posible error y la comisión de dicho delito, de ahí que insista en que "no puede terminar más que con la absolución".

Ha considerado "curioso" que los responsables de la consejería en la etapa anterior a la llegada de Garbín no hayan sido "tenidos en cuenta" en este procedimiento judicial, y ha insistido en su idea de que hay que aportar pruebas para demostrar la posible existencia de delitos al presentar una denuncia.

Agencia EFE