Quevedo dejará el cargo de vicepresidente de la Ciudad por un dictamen del Consejo de Estado

El vicepresidente segundo de Melilla, Manuel Ángel Quevedo, dejará de ostentar ese cargo tras el dictamen del Consejo de Estado que ha resuelto que la Vicepresidencia deben recaer en consejeros que sean miembros electos de la Asamblea.

El portavoz del Gobierno, Daniel Conesa, ha explicado que el pasado 27 de abril el presidente de Melilla, Juan Jose Imbroda, realizó una consulta al Consejo de Estado para aclarar dudas sobre la designación de miembros no electos en la Junta de Gobierno.

En la misma consulta se solicitaba que este órgano dictaminara sobre la facultad del presidente de la ciudad de nombrar vicepresidentes, consejeros y viceconsejeros que no tengan la condición de miembros electos de la asamblea.

El Consejo de Estado en su pleno del 14 de julio determinó que el régimen de organización y funcionamiento de la ciudad de Melilla es el previsto en el artículo 144 B de la Constitución, en su Estatuto de Autonomía y en las normas de desarrollo aprobadas por la Asamblea.

Según Conesa, el vicepresidente es una figura que no está regulada en el Estatuto de Autonomía cuya función más importante es la de sustituir al presidente en casos de ausencia, enfermedad o incapacidad, por lo que parece lógico que si al presidente se le exige ser electo, los vicepresidentes también lo sean.

El portavoz ha insistido en que el actual vicepresidente primero, Manuel Ángel Quevedo, está nombrado "de manera absolutamente legal" y ha sido designado de acuerdo a un reglamento que está vigente y que no ha sido invalidado por ningún tribunal pero, y que en las próxima semanas "se darán los pasos adecuados para adaptarse al dictámen del Consejo de Estado".

Conesa ha mostrado su satisfacción, aunque "un pequeño sabor agridulce" porque plantea una situación nueva.

"No sé lo que va a hacer el presidente", ha subrayado, pero si se aplica el dictamen, las vicepresidencias tienen que estar ocupadas por personas electas así que, aunque "no hay un plazo ni una obligación, es de sentido común que si solicitamos voluntariamente un dictamen es con la intención de aceptar sus términos".