Condenan a Velázquez y a Caro a 9 años de inhabilitación para cargo público por prevaricación

El Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla ha condenado a nueve años de inhabilitación especial para cargo público al ex presidente de Melilla Ignacio Velázquez (PP) y a la ex vicepresidenta de la Asamblea Beatriz Caro por sendos delitos de prevaricación.

Según fuentes judiciales, Velázquez y Caro son autores de sendos delitos de prevaricación administrativa por impedir en 1997 que prosperara una moción de censura presentada contra el primero, aunque el fallo puede ser recurrido ante la Sección VII de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla.

Los hechos se remontan al 1 de marzo de 1997, cuando en el pleno en el que se debatía la moción de censura contra Velázquez -suscrita por PSOE, CM, UPM y grupo mixto- Caro interrumpió la votación para exhibir un decreto de la Presidencia en el que se imponía el deber de abstención al tránsfuga del PP y candidato alternativo, Enrique Palacios, alegando que tenía intereses personales.

La moción de censura no prosperó hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que recurrió Palacios por la vía contencioso administrativa, ordenó la repetición del pleno y el 28 de febrero de 1998 Velázquez fue relevado en la Presidencia.

El Juzgado de lo Penal número 2 alega para condenar a los acusados que la actuación de ambos en la sesión plenaria del 1 de marzo de 1997 "fue más allá de la mera ilegalidad", ya que dictaron una resolución "clamorosamente arbitraria, sin fundamento ni base legal" por la que privaron a un diputado de ejercer el "derecho constitucional" a emitir su voto.

Señala además que Velázquez y Caro, de un modo "totalmente sorpresivo y absolutamente inmotivado y razonado" que impedía "toda posible defensa o contraalegación" de Palacios o de la propia Asamblea, dictaron el citado decreto, según han dicho las fuentes.

El ex presidente melillense Ignacio Velázquez ya está inhabilitado por un delito de prevaricación tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla a una pena de seis años y un día, que después ratificaría el Tribunal Supremo aunque fue recurrida ante el Constitucional.