El ex presidente Ignacio Velázquez recurrirá la condena de 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa

El ex presidente melillense Ignacio Velázquez recurrirá la condena que le interpuso ayer el Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla a 9 años de inhabilitación especial para cargo público por delito de prevaricación administrativa, misma pena impuesta a la ex vicepresidenta de la Asamblea Beatriz Caro.

Según han informado fuentes cercanas a Velázquez, su defensa presentará recurso de apelación ante la Sección VII de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla, para lo que dispone de un plazo de diez días desde la notificación del fallo.

Los hechos se remontan al 1 de marzo de 1997, cuando en el pleno en el que se debatía la moción de censura contra Velázquez -suscrita por PSOE, CM, UPM y grupo mixto- Caro interrumpió la votación para exhibir un decreto de la Presidencia en el que se imponía el deber de abstención al tránsfuga del PP y candidato alternativo, Enrique Palacios, alegando que tenía intereses personales.

La moción de censura no prosperó hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al que recurrió Palacios por la vía contencioso administrativa, ordenó la repetición del pleno y el 28 de febrero de 1998 Velázquez fue relevado en la Presidencia.

El Juzgado de lo Penal número 2 alega para condenar a los acusados que la actuación de ambos en la sesión plenaria del 1 de marzo de 1997 "fue más allá de la mera ilegalidad", ya que dictaron una resolución "clamorosamente arbitraria, sin fundamento ni base legal" por la que privaron a un diputado de ejercer el "derecho constitucional" a emitir su voto.

Señala además que Velázquez y Caro, de un modo "totalmente sorpresivo y absolutamente inmotivado y razonado" que impedía "toda posible defensa o contraalegación" de Palacios o de la propia Asamblea, dictaron el citado decreto, según han dicho las fuentes.

El ex presidente melillense Ignacio Velázquez ya está inhabilitado por un delito de prevaricación tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla a una pena de seis años y un día, que después ratificaría el Tribunal Supremo aunque fue recurrida ante el Constitucional.