Congreso rechaza remitir al Fiscal Anticorrupción la fiscalización de los donativos de los damnificados de la riada

El Congreso de los Diputados rechazó hoy, con los votos del PP, la propuesta del PSOE de remitir al Fiscal Anticorrupción el informe de fiscalización de los fondos entregados al Gobierno de Melilla por donativos a favor de los damnificados de la riada ocurrida en la Ciudad Autónoma en 1997.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas rechazó la propuesta de resolución presentada por los socialistas al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, en el que se constata que al menos 32 millones de pesetas de los donativos a favor de los damnificados por la riada no les fueron entregados.

Según el informe, la Ciudad Autónoma obtuvo en total por parte de Medio Ambiente una indemnización de 192 millones de pesetas, por la que se compensaban, entre otras, facturas a cuyo pago se destinó la recaudación de donativos.

La propuesta de resolución presentada por el Grupo Socialista pedía la remisión del informe de fiscalización al Fiscal Anticorrupción con el objetivo de que se realizasen "las investigaciones pertinentes acerca del uso de los 32 millones de pesetas deducidos de la indemnización obtenida del Ministerio de Medio Ambiente".

Según el portavoz socialista en la Comisión, Ángel Franco, ese dinero se destinó formalmente "a compensar facturas a cuyo pago se dirigió la recaudación de donativos y que no consta que se haya adoptado medida alguna para aplicar el citado importe para otras ayudas a los damnificados".

Además, la resolución del Grupo Socialista instaba al Tribunal de Cuentas a realizar una investigación complementaria de los fondos aportados por el Gobierno autónomo de Melilla y a comprobar que los gastos correspondientes a los ingresos "están correctamente contabilizados".

Asimismo, pedía la verificación de que "la totalidad de los fondos se han gestionado adecuadamente y han sido aplicados a su finalidad", y solicitaba al tribunal que comprobase los ingresos obtenidos de Medio Ambiente "y que se han contabilizado correctamente los ingresos y los gastos".

El Grupo Popular rechazó la propuesta del PSOE de enviar el informe de fiscalización al Fiscal Anticorrupción al considerarla "desproporcionada", y destacó que según el Tribunal de Cuentas existió claridad en la administración de los fondos recaudados.