CpM presenta una moción para que la Asamblea apoye las reivindicaciones de los discapacitados

El partido Coalición por Melilla (CpM) ha presentado una moción ante la Asamblea melillense para que la Ciudad Autónoma se adhiera a una declaración firmada por el Comité de Entidades Representantes de Minusválidos (CERMI) en la que se recogen una serie de reivindicaciones para facilitar y mejorar la situación de este colectivo.

Con esta iniciativa se pretende, ha explicado el secretario general y diputado de CpM, Abdelhamid Mohamed, que Melilla se sume a la celebración del Año Europeo de la Discapacidad y que la Asamblea manifieste su propósito de tener en cuenta las demandas y necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias.

Entre los puntos más destacados que solicita la declaración firmada por el CERMI están la petición de que la discapacidad sea “una cuestión de derechos humanos”, que se reconozca la igualdad de las personas con discapacidad, que se preste especial atención a las mujeres con este problema o que se recoja la necesidad de una implicación de todos los organismos y entidades públicas.

Debido a la presencia de 7132 personas con discapacidad en Melilla, de las cuales más de un 60 % son mujeres, el diputado de CpM ha subrayado la necesidad de que esta moción se tramite “de forma urgente” y no se paralice “como el resto de mociones que hemos presentado en la Ciudad Autónoma”.

Por otra parte, Mohamed ha asegurado que su partido está estudiando presentar una denuncia administrativa para evidenciar que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, “coarta la libertad de expresión de los diputados” con la creación de un decreto en el que se dice que los miembros de la Asamblea sólo podrán pedir la observancia del reglamento una vez iniciado el debate, y nunca como cuestión previa al inicio de la sesión.

Asimismo, el nuevo decreto establece que si el diputado percibe el incumplimiento de alguna norma reglamentaria durante el debate, debe limitarse a indicar cuál es la irregularidad, sin tener derecho a réplica y con el imperativo de acatar la decisión del presidente de la sala sin “ningún tipo de debate”.

Tras la creación de este decreto, con fecha 11 de febrero de 2003, Mohamed ha criticado que “éste es un nuevo episodio de las formas dictatoriales que tiene el presidente melillense”, que genera “un gran déficit democrático en la ciudad”.