El ex consejero de deportes de la Ciudad defiende su inocencia y denuncia una presunta persecución política

El ex consejero de Cultura de Melilla Francisco Robles ha defendido hoy su inocencia en el juicio oral por presunta prevaricación celebrado en el Juzgado de lo Penal número 1 y ha asegurado que la querella que le presentó el presidente de su antiguo partido se debe a una "persecución política".

Por ello se ha negado a responder a las preguntas de la acusación porque, ha alegado, es la "única forma" que le queda para expresar públicamente su "repulsa" por esta causa judicial, que considera que se abrió por haber abandonado el Partido Independiente de Melilla (PIM) en la pasada legislatura.

La fiscal mantuvo la acusación de presunta prevaricación, por lo que pidió para el imputado siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, y de negociación y actividades prohibidas para funcionarios públicos, cargo por el que solicitó tres años de inhabilitación especial y una multa de 384 euros.

La acusación particular, representada por el presidente del PIM, Enrique Palacios, ha añadido a ambos cargos el de tráfico de influencias, y ha pedido un total de 20 años de inhabilitación especial, 32 meses de multa con cuota diaria de 24 euros y otra multa del tanto al duplo del beneficio obtenido, mientras que la defensa solicitó la absolución.

En la querella, presentada en julio de 2000, se acusa a Robles de adjudicar "de forma verbal y sin sacarlo a concurso" en 1999, cuando era consejero de Cultura y Deportes, a la Mutualidad General de Futbolistas de la que era médico la cobertura sanitaria de los deportistas de las distintas federaciones por un importe de 66.111 euros anuales, que sufragó la Ciudad Autónoma.

Robles ha negado haber renovado el contrato verbal que la Administración autónoma mantenía con dicha mutua desde 1996 puesto que cuando accedió a la Consejería en septiembre de 1999 ya se había prorrogado para toda la temporada deportiva y ha aseguródo que sólo ordenó el pago de las primas, para lo que antes pidió varios informes sobre "el grado de satisfacción de los deportistas con el servicio recibido de la Mutualidad".

Aunque ha admitido que entonces trabajaba como médico de la Mutualidad -dejó el puesto en agosto de 2000-, dijo que no tenía "ningún interés personal" en que ésta continuase con dichos servicios porque no variaban sus retribuciones económicas.

Los distintos testigos tanto de la acusación como de la defensa defendieron la calidad de los servicios prestados por la Mutualidad General de Futbolistas y han coincidido en que no existe contrato por escrito con la Ciudad Autónoma, sino uno verbal que se da por renovado tácitamente cada temporada.

La fiscal y la acusación particular sólo han ratificado sus alegatos previos, mientras que la defensa ha subrayado la "absoluta inocencia" del ex consejero y ha señalado que el juicio oral se ha celebrado sólo por el delito de prevaricación, por lo que mantener los otros que le imputan "queda fuera de norma y causa indefensión al imputado", ha expuesto el letrado Enrique Del Río.

El abogado ha considerado "injusto e inadecuado" que se siente en el banquillo a Robles por "un tema político motivado por intereses espurios" y ha subrayado que su defendido "no intervino" en la renovación del seguro puesto que se hizo automáticamente antes de su incorporación a la Consejería, y que sólo ordenó el pago de las primas.

El juicio ha quedó visto para sentencia y de ella depende el nombramiento de Robles como viceconsejero de Deportes, ya que el presidente melillense, Juan José Imbroda (PP-UPM), dejó vacante la plaza a la espera de conocer la resolución judicial del caso.