La defensa del ex presidente de la Autoridad Portuaria pedirá el archivo del caso de Isla deTalleres

La defensa del ex presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Víctor Gamero, que ha declarado hoy como imputado por un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, anunció que pedirá el archivo del caso al considerar que la demanda carece de consistencia.

Gamero y el director del mismo ente, Luis Fernández, fueron cesados por las irregularidades halladas por el Ministerio de Fomento en la venta en diciembre de 2001 de la parcela "Isla de Talleres", de 10.300 metros cuadrados y ubicada en pleno centro de la ciudad, ya que se licitó por 3.906.578 euros cuando el precio mínimo autorizado por Puertos del Estado era de 5.619.463 millones.

Tras la destitución de ambos y la paralización de la enajenación, el nuevo Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria retomó el proceso de venta por subasta de la parcela y aprobó un pliego de condiciones con una nueva tasación que estableció el precio mínimo de adquisición en 6.450.500 euros, aunque finalmente fue comprado por 7,8 millones de euros.

El Juzgado número 5 abrió una investigación tras la denuncia del Partido Independiente de Melilla (PIM) y hoy acudieron a declarar como imputados Gamero y el arquitecto Mateo Bazataquí, que hizo la valoración del terreno, ya que se aplazó la de Fernández hasta el 10 de julio por la imposibilidad de asistencia de su letrado.

Según ha explicado hoy a Efe la defensa del ex presidente, su declaración se prolongó durante 20 minutos y no hubo preguntas ni de la Fiscalía ni de la acusación particular, y sostuvo que la denuncia se presentó por motivos "exclusivamente políticos y con una mala fe espantosa".

El ex presidente de la Autoridad Portuaria también ha indicado que él no hizo la valoración de "Isla de Talleres" y negó que pretendiera adquirir la vivienda en la que residía por su cargo, ubicada en dicha parcela, pese a que uno de los motivos esgrimidos por Fomento para su destitución fue la inclusión en el pliego de condiciones de la venta del solar de una cláusula que reservaba a él y a Gamero el derecho de "adquisición preferente" del suelo sobre el que están construidas dichas viviendas.

Por su parte, el arquitecto Mateo Bazataquí, contratado por la Autoridad Portuaria para valorar el terreno, ha explicado al juez que su informe difería económicamente a la baja con respecto a otros porque utilizó "características urbanísticas y de desarrollo totalmente diferentes", según ha informado hoy a Efe su abogada.

La defensa del arquitecto, que también pedirá el archivo del caso, señaló que su promocionado declaró que contempló un desarrollo de "Isla de Talleres" como zona residencial sin locales comerciales, por lo que la determinación de su precio resultó inferior a la de otros informes.