Imbroda ve una grave ilegalidad en el caso Novolujo y reclama medidas drásticas

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha calificado de "muy grave" la situación desvelada por la Audiencia Provincial de las escuchas "ilegítimas" realizadas en el 'caso Novolujo' y ha pedido que se tomen "medidas drásticas" por los organismos competentes.

La Audiencia Provincial de Málaga en Melilla ha decretado la nulidad y ha dejado sin efecto probatorio, por vulnerar derechos fundamentales, las intervenciones telefónicas practicadas en el caso 'Novolujo', por supuesto tráfico de drogas y blanqueo de capitales, en la instrucción del Juzgado número 3 de Melilla, que tilda de "monstruosa y demoníaca", si bien no declara el archivo del caso.

Imbroda, a preguntas de los periodistas, ha considerado de "una gravedad extraordinaria" los calificativos de "demoníaca, monstruosa e inquisitorial" que el auto dedica a la instrucción e investigación del caso y ha dicho que "estamos en una situación muy grave si resulta que en Melilla no estamos para algunos dentro de un Estado de Derecho, que es lo que viene a decir la Audiencia".

El presidente ha recordado que en su día, cuando se detuvo al ex consejero de Economía Francisco Suárez imputado en este caso, "yo le cesé y abrí una crisis de Gobierno y política" por unas actuaciones de las que "ahora resulta que todo no vale nada, lo que es muy grave", a la vez que ha recordado que se produjeron detenciones y la ciudad autónoma "despertó con una alarma social importante" y acabó "siendo noticia nacional", por lo que afirmó estar "harto de que Melilla sea noticia nacional en este tipo de redadas u operaciones para que luego todo sea agua de borrajas".

Ha dicho que se ha producido "falta de profesionalidad, competencia, rigor y falta de derecho" y ha reclamado que se tomen "medidas apropiadas" porque "aquí ninguno está impune ante la Ley ni tiene la Ley en sus bolsillos", a la vez que entendió que es bueno "que los españoles sepamos, gracias a sentencias como ésta, por si alguno lo olvida, que estamos en un Estado de Derecho, que estamos en libertad y no en un Estado policiaco ni inquisitorial".

El presidente ha considerado "muy malo" que haya "algunos" profesionales "incompetentes totales", ya que "estamos jugando con la vida de las personas y eso es muy serio", por lo que ha insistido en que deben "tomarse medidas contundentes, para que esto no ocurra más".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Melilla, Arturo Esteban, ha mostrado un "absoluto respeto" a las decisiones judiciales y exoneró de responsabilidad al Cuerpo Nacional de Policía de Melilla "porque todo el procedimiento del caso fue instruido por un juez, que autorizó las escuchas telefónicas, que midió el alcance y la duración de las mismas, dirigía la investigación y dio las órdenes de detención".

Esteban ha querido "desmentir cualquier posibilidad" que apunte a que la Policía ha hecho escuchas ilegales, aunque "otra cosa" es que el tribunal haya decidido que la prueba no es válida, y señaló que "esto no es ni más ni menos que el Estado de Derecho", en que las decisiones de unas instancias judiciales pueden ser "revocadas, rectificadas o ratificadas" por otras.