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Imponen medidas de seguridad al legionario absuelto por un caso de asesinato
Publicada en MeliYa el 31 de mayo de 2004
La Audiencia Provincial de Málaga en Melilla ha impuesto una serie de medidas de seguridad al sargento de la Legión J.C.N.M., que fue absuelto de un delito de asesinato al hallarlo no culpable el tribunal del jurado.
El jurado popular consideró que el legionario actuó con su capacidad de hacer y entender totalmente anulada por el consumo de alcohol, cocaína y medicación.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe y contra la que cabe recurso, entre las medidas que se le han impuesto, el sargento deberá someterse a "tratamiento externo" en un centro médico o establecimiento socio-sanitario para "superar su adicción al alcohol y las drogas, y ser tratado del trastorno psicológico que padece".
También tendrá prohibido residir en Melilla durante cinco años, al ser el lugar donde se cometieron los hechos, mientras que durante diez años se le privará de permiso de armas y deberá depositar el revólver de su propiedad en la Intervención de Armas de la Guardia Civil.
Además, el legionario deberá indemnizar a la viuda de la víctima con 60.000 euros y con 40.000 a cada uno de sus tres hijos, mientras que no se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.
El jurado consideró probado que el 13 de diciembre de 2000 el legionario acudió al bar "La Carroza" de Melilla y discutió con su propietario, relacionado con la venta de drogas, quien le reclamó una deuda por un gramo de cocaína.
Durante la discusión, el legionario, que había consumido alcohol, cocaína y medicación por padecer serios problemas psiquiátricos, llegó a pensar que el propietario del bar iba a sacar un arma oculta y temió perder su vida, y acabó disparando contra él accidentalmente su revólver, de modo que de un tiro en la frente acabó con su vida.
La Audiencia señala en la sentencia que, aunque al sargento de La Legión no se le pueda imponer pena alguna al haber aplicado el Jurado la eximente completa, eso no impide que se le puedan imponer "medidas de seguridad", conforme establece el Código Penal.