Tribuna Pública: La limpieza sigue estando sucia

Tribuna Pública: La limpieza sigue estando sucia

En estos últimos días ha vuelto a plantearse en la prensa, aunque muy de pasada, el tema de la concesionaria de limpieza de nuestra ciudad, FCC. Las continuas anomalías que se producen en la misma y, por qué no decirlo, el alto coste económico que para todos los melillenses supone esa nueva inyección de 500 millones (de momento) que aportamos todos nosotros para que Melilla sea en general una de las ciudades más sucias que cualquier turista puede visitar.

Pero claro, para llegar a esta situación hay que conocer los antecedentes, y tenemos que remontarnos a partir de los primeros meses del año 2001, cuando ya se empieza a hablar de la preparación del pliego de condiciones para la nueva adjudicación del servicio de limpieza.

Es curioso y llamativo al mismo tiempo, que cuando sale elegida la opción de FCC como la propuesta del anterior Consejero de Medio Ambiente, Sr. Hernández, desde todos los sectores de la sociedad melillense salen voces discordantes por diversos motivos con esta propuesta. Por un lado, es la de menor cuantía económica en retribuciones a los trabajadores; por otro, es la de menor plantilla de trabajadores y, además, los antecedentes de esta empresa en su relación con la ciudad eran de sobra conocidos: deficiencias en la construcción de las torres V Centenario, barriada Averroes y el desgraciadamente famoso depósito de Cabrerizas.

Desde la oposición se calificaba a las actuaciones de la Mesa de Contratación como de puro cachondeo, pues ni siquiera existía consenso en las propuestas del grupo de gobierno. CPM acusaba a varios consejeros de haber recibido primas millonarias de empresarios que concursaban a la adjudicación, Desde empresarios del Sector, se criticaba que empresas licitadoras habían participado en la elaboración del pliego de condiciones para favorecer sus propios intereses. Comidas entre miembros del gobierno y el representante de FCC antes de la adjudicación etc. En el mismo Partido Popular, tanto dentro del Grupo de la Asamblea a través de su portavoz como en su comité ejecutivo Regional, había discrepancias bastante fuertes. Algunas de las empresas que habían presentado ofertas denunciaban que las puntuaciones otorgadas no se ajustaban a la realidad. Las organizaciones sindicales ya vaticinaban que, con la propuesta económica de FCC, a la hora de negociar el nuevo convenio habría problemas. La Federación de Asociaciones de Vecinos también expresaba su disconformidad con la adjudicación a FCC. etc., etc.

Pues, a pesar de todas estas voces discrepantes (quizás alguna tuviera razón), el equipo de Gobierno apoyado, según ellos, en el criterio de los técnicos (por cierto, algunos de estos técnicos ocupan cargos de responsabilidad en el actual Gobierno) aprueban, en un Pleno restringido al público, la adjudicación a FCC. En el citado Pleno fue llamativa la ausencia de los portavoces de los dos partidos nacionales, hecho que levantó toda clase de suspicacias.

Todo el mundo pedía que se creara una comisión de investigación porque el gobierno local “está bajo sospecha”. Todos menos el, todavía, Presidente de la Ciudad, Sr. Imbroda, que decía en octubre del 2001 ”No podemos saltarnos a la torera el pliego de condiciones” y el entonces Presidente de UPM, Sr. Conesa, que manifestaba: “FCC es la número uno en España”, y añadía “Serenidad y tranquilidad, las obligaciones salariales están cubiertas”, y, como no, el Sr. Hernández, por aquellos días Consejero de Medio Ambiente, uno de los máximos valedores de FCC, y que ya por aquellas fechas, y ante las inquietudes laborales y salariales de los trabajadores, ya decía “las peticiones se harán ante la nueva adjudicataria”.

Como las palabras se las lleva el viento, y más en esta Ciudad que, cuando no sopla levante, sopla poniente, tras la intervención en el Pleno del actual Consejero de Medio Ambiente (antiguo Director General del Área), Sr. Gavilán, donde se confundía “auto” con “laudo” y “laudo” con “acuerdo”, se llegaba a la conclusión de que, a pesar de ser la “número uno”, de que “había que respetar el pliego de condiciones” y de que “las subidas salariales había que pedírselas a la empresa adjudicataria”, una vez más, como ocurrió en su momento con ITUSA, la subida salarial la pagamos entre todos los melillenses.

¿A quién se le piden responsabilidades ahora cuando se constata que se hizo una adjudicación de un servicio público más por “intereses” particulares de determinados elementos que por el interés general de la Ciudad?.

Aunque ya sabemos que aquí no dimite nadie, esperamos que, haciendo un ejercicio de responsabilidad los aludidos se planteen seriamente presentar su dimisión y librar al pueblo de Melilla de su tan nefasta gestión.

Melilla, 17 de agosto de 2004

José Juan Martín del Pino. Responsable de Comunicación U.P. CCOO de Melilla