Bienestar Social explica las enmiendas propuestas por el Partido Popular para endurecer la Ley del Menor

La consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín, cree que es preciso “endurecer” algunos aspectos de los incluidos en el proyecto de ley que modifica la Ley de Responsabilidad del Menor.

Una de las enmiendas presentadas por el Partido Popular -que ha sido votada a favor en el senado- propone aplicar la ley a los mayores de 14 años y menores de 18, no hasta 21 y, “en supuestos de especial gravedad o multirreincidiencia”, aplicarla a menores de 14 años, hasta los 12, como recomienda el Consejo Fiscal.

El PP propone elevar la duración de la medida de internamiento de dos a tres años y, para el caso de mayores de 16 años que cometan delitos de asesinato, violación o terrorismo, que estas medidas se eleven hasta los 10 años y 12 años para casos de concurrencia de delitos.

Respecto a la ejecución de la medida de internamiento, cuando el condenado cumpla 18 años, el juez podrá decidir que ingrese en un centro penitenciario o bien que continúe la ejecución en un centro de menores.

El menor que tuviera 16 o 17 años al cometer los hechos ingresará en prisión al cumplir los 18 años, cuando atendiendo al tiempo pendiente de cumplimiento de condena no vaya a ser posible la modificación dela medida antes de los 21 años.

En este caso, el cumplimiento de los 21 años supone, salvo casos excepcionales, el ingreso en prisión de quien no haya finalizado el cumplimiento de la mediada de internamiento.

El PP propone, además, que se prolongue en el tiempo la medida cautelar de internamiento, es decir, que la actual prórroga de tres meses pase a seis. De esta manera podrían cumplir 12 meses de internamiento cautelar, mientras que el Gobierno central lo deja en nueve meses.

Otra de las enmiendas del Grupo Popular apuesta por la prolongación del tiempo de prescripción de los hechos delictivos cometidos por menores pasando de tres a seis meses, el año a dos, los tres años a cinco y los cinco a 10 años, según los casos.

María Antonia Garbín destaca la importancia de que “las víctimas y perjudicados disfruten de la posición procesal que merecen, a fin de evitar que la tramitación del proceso se realice a espaldas suyas”, hecho extrapolable a la ejecución de las medidas.

Los populares avalan la sugerencia expuesta por el Fiscal para numerosas ocasiones: “posibilitar la celebración de audiencia en ausencia del menor, en caso de incomparecencia reiterada e injustificada, pero con todas las garantías procesales”.

Finalmente, el PP propone añadir una disposición relativa a la suficiencia de las Comunidades y Ciudades Autónomas: “el Gobierno, dentro del plazo de dos meses desde la publicación de esta Ley Orgánica en el BOE adoptará previo acuerdo con las instituciones autonómicas con competencias asumidas las resoluciones necesarias para hacer efectivo el régimen de financiación que requiere la ejecución de las medidas previstas” por la legislación en materia de menores.