Melilla pulveriza cualquier estadística en materia de menores no acompañados

Si Marruecos contara con unos servicios sociales que garantizaran la reagrupación familiar de los menores y, a su vez, admitiera la devolución de éstos, el problema de los menores marroquíes no acompañados dejaría de saturar los centros de acogida de la Ciudad Autónoma.

Pero la realidad es bien distinta, según ha explicado la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín. En la reciente cumbre con los responsables autonómicos, celebrara en Madrid bajo la presidencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, Canarias ha expuesto su problema: tiene a 900 menores 500 de los cuales han de ser atendidos por otras autonomías.

Melilla es una de las que no puede admitir a más menores no acompañados porque su capacidad de acogida y atención está desbordada. Hay 325 menores acogidos de los que 245 son “extranjeros no acompañados”. La consejera de Bienestar Social tiene palabras para la situación de saturación: “Melilla pulveriza cualquier estadística en materia de menores”.

Garbín Espigares es clara al respecto: ante la imposibilidad de que Marruecos acepte a estos niños y propicie su reagrupación familiar con garantías, “si el problema sigue creciendo, pediremos ayuda al Gobierno central, como lo ha hecho Canarias”.

A pesar de la buena disposición de las comunidades españolas, la distribución por autonomías no está exenta de problemas legales. María Antonia Garbín ha explicado que el caso no está específicamente contemplado por la Ley de Protección Jurídica del Menor y que la Fiscalía del Menor tiene mucho que decir al respecto de los trasladados.

Hasta puede que la medida de distribución por la geografía española haya de ser debatida en los diferentes Parlamentos autonómicos, no excluyendo en este proceso el Senado, la cámara de representación territorial por excelencia.

Finalmente, el tratamiento de los menores no acogidos en España, procedan de Canarias, Melilla o Ceuta plantea un problema de índole económica. ¿Quién paga su mantenimiento?. En Madrid, señala Garbín, se ha sugerido el establecimiento de acuerdos a tres bandas: la autonomía emisora, la receptora y el propio Gobierno central, pero no hay nada definitivo al respecto.