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Coalición por Melilla aprecia indicios de ilegalidad en el contrato para la vigilancia de las dependecias municipales
Cuestiones como mejoras, plantillas y centros pueden inducir a una "baremación arbitraria" a favor de una "empresa determinada"
Publicada en MeliYa el 17 de agosto de 2006
Coalición por Melilla (CpM9 ha puesto en entredicho la legalidad del pliego de condiciones para la contratación del servicio de vigilancia de las dependencias municipales.
El diputado cepemista, Abdelhamid Mohamed ve “trucos” en algunas de las “irregularidades” del pliego aprobado por el Consejo de Gobierno celebrado el 26 de julio y publicado días después en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma.
Mohamed aprecia, en primer lugar, que no se recogen todas las dependencias municipales en el citado pliego lo que puede hacer del contrato valorado en 2,218 millones de euros un “contrato menor”, al margen de evitar que pase el asunto por el Pleno de la Asamblea.
El diputado cepemista cree que se vuelve a incurrir en las prácticas criticadas por el Tribunal de Cuentas y que “el Gobierno no respeta la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ni los principios de transparencia y objetividad”, en suma, muestra “poco respeto a la legalidad”.
Baremación En segundo término CpM denuncia que se habla de “mejoras” pero sin especificar su tipo, lo cual puede inducir a una “baremación arbitraria”, o sea, que se puede “ayudar a una empresa determinada, un negocio raro”.
La preocupación de la formación cepemista afecta, finalmente, a la plantilla exigible a la empresa que se haga cargo del servicio de vigilancia de las dependencias municipales, “es otro vacío legal” porque no se hace referencia a los puestos de trabajo y a la antigüedad precisa para los diferentes menesteres.
El hecho de aprobar, por Consejo de Gobierno, un pliego de condiciones para la prestación de un servicio público que se eleva a 2,218 millones de euros es una muestra de cómo el Ejecutivo “margina a los grupos de la oposición, no aceptas sus sugerencias, no respetan a las instituciones”.
Coalición por Melilla exige la “paralización del pliego de condiciones y que no hagan trampas para eludir el trabajo de la oposición”. Caso contrario, de encontrarse “indicios de ilegalidad”, la formación política lo trasladará a sus servicios jurídicos y no descarta acudir a los Tribunales de Justicia.