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El MEC desarrollará la normativa necesaria para abrir una nueva convocatoria para acogerse a las jubilaciones LOGSE
El objetivo es que que puedan acceder a esta modalidad de jubilación los funcionarios docentes que cumplan los requisitos
Publicada en MeliYa el 1 de mayo de 2006
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El Ministerio de Educación se ha comprometido, en el marco del la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Básico de 20 de octubre, a desarrollar la normativa necesaria para que en este año 2006 pueda haber una nueva convocatoria, complementaria de la ya cerrada a finales de febrero, para poder acogerse a las llamadas jubilaciones LOGSE.
Según ha informado CC.OO., el objetivo de esta iniciativa es que que puedan acceder a esta modalidad de jubilación los funcionarios docentes que cumplan los requisitos de acuerdo con la nueva redacción dada a las mismas por la LOE, especialmente dirigida al personal funcionario docente afiliado al Régimen General de la Seguridad Social, que podrá optar por adaptarse al Régimen de Clases Pasivas del Estado y, desde el mismo, optar a la jubilación anticipada.
Este punto cierra una de las aspiraciones más demandadas por el colectivo docente afiliado al Régimen General de la Seguridad Social que no podía optar a las llamadas jubilaciones LOGSE, según CC.OO., y además viene a suponer el cumplimiento del punto 4º del Acuerdo Básico de 20 de octubre de 2005 suscrito por el MEC y la mayoría de los sindicatos representativos de la Enseñanza Pública.
CC.OO. Recuerda que “este problema” que se llevaba planteando desde 1991 y para su solución se han planteado numerosas proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados, aunque finalmente ha encontrado la solución en la fórmula presentada por la Federación de Enseñanza de CC.OO. en 2004 que, finalmente, se ha trasladado al texto de la LOE.
Por otro lado, el Ministerio de Educación ha presentado las nuevas tablas de las gratificaciones por dichas jubilaciones que abona el Estado. Las cuantías se incrementarán, a lo largo del período de aplicación del Acuerdo (2007-2011) en un 25%, tal y como se recogía en el citado Acuerdo Básico. Ahora serán las Administraciones educativas de las comunidades autónomas las que tendrán que adaptar las aportaciones que realizan a las nuevas cuantías fijadas por el Estado.