El Tribunal Supremo habilita al Gobierno ZP para expulsar de territorio español a los inmigrantes irregulares sin papeles

La Justicia ha dado un paso importante para eliminar trabas jurídicas en la lucha contra la inmigración ilegal, ya que el Tribunal Supremo considera suficiente motivación para ordenar la expulsión de España de un extranjero en situación irregular el hecho de que esté indocumentado.

La sentencia, hecha pública esta semana, revoca una resolución del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que anuló una orden de expulsión dictada por la Delegación del Gobierno en el archipiélago.

La resolución del organismo gubernativo ordenaba echar del territorio nacional, con prohibición de entrada durante tres años, a una mujer, por la comisión de una infracción grave, que consistía en «encontrarse en España careciendo de cualquier tipo de documentación, sin que además conste que haya obtenido el permiso de residencia válido para permanecer en el país, por lo que su estancia en el país es manifiestamente irregular».

El Tribunal Superior anuló dicha orden por considerar que tal infracción está castigada por el ordenamiento jurídico en primer lugar con una multa, y que la Ley de Extranjería permite que en vez de sanción pecuniaria se imponga la expulsión, pero siempre que exista «una motivación específica», que, a su entender, no se daba en el caso estudiado.

El Supremo, en cambio, ahora estima que la Ley Orgánica 4/2000 cambia la concepción de la expulsión y establece que el encontrarse ilegalmente en España «puede ser sancionado o con multa o con expulsión», indistintamente.

Motivación suficiente En suma, el alto tribunal considera que el mero hecho de que la falta de documentación conste con de forma fehaciente en el expediente administrativo que se le haya abierto a cualquier residente extranjero «es motivación suficiente para justificar la imposición de la sanción y no la de multa».

Este dictamen judicial será sin duda aplicado con profusión en Canarias, que en los últimos meses se ha convertido en el epicentro de la llegada de flujos migratorios desde África.

En cifras, el archipiélago ha recibido más de 11.000 inmigrantes irregulares en los últimos meses -una cifra que duplica el total de llegadas que se produjeron durante todo el año pasado-, lo que ha obligado a la Unión Europea a diseñar una nueva política para frenar esta entrada masiva de irregulares no ya en la Comunidad Autónoma, sino en Europa.

Este aluvión de subsaharianos que ha alcanzado en los últimos meses las costas españolas viajan a bordo de barcos de pesca artesanales desde Mauritania y Senegal fundamentalmente, ya que, paradójicamente, a principios de año resultaba más fácil llegar a Canarias en estas embarcaciones, que tienen que recorrer entre 800 y 1.000 kilómetros de Océano Atlántico, que cruzar la frontera de Ceuta y Melilla, que ha sido blindada tras las avalanchas masivas de inmigrantes ocurridas a mediados de 2005.

Al cerrarse esas puertas del norte de África, los flujos migratorios se orientaron hacia Canarias, que pasó de recibir pateras muy de vez en cuando a ser el principal destino de numerosos cayucos que llegaron a dejar hasta casi un millar de inmigrantes en un día.

Todo ello se ha puesto de manifiesto en la Conferencia euro-africana clausurada el martes en la capital de Marruecos.

De la cita nació el llamado espíritu de Rabat, por el que los 57 países participantes concluyeron que la cuestión migratoria debe tratarse de forma global desde tres aspectos: el desarrollo, la lucha contra las entradas ilegales y el fomento de los flujos legales.