Fomento demuestra que las obras de Aguadú son legales y acusa a la Ciudad Autónoma de sembrar "crispación institucional"

La Dirección Territorial del Área de Fomento, ante las afirmaciones vertidas en los medios de comunicación por parte del viceconsejero de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, quiere informar a los ciudadanos que “el objeto del proyecto realización del vía de seguridad en la zona Aguadú es dotar a las Fuerzas de Seguridad del estado de una pista homologada que permita la vigilancia efectiva de la línea fronteriza con Marruecos, permitiendo el paso de un vehículo de vigilancia permanente, así como el vallado de la frontera y la construcción de un dique que impida el paso de inmigrantes ilegales por la línea de la costa”.

Por otra parte, la pista se ubica en la en la base de los acantilados de Aguadú, “accediéndose al mismo a través de una camino existente que da acceso a la Planta Desaladora de Melilla. La nueva pista tiene una longitud de 504,257 metros y una anchura de 4 metros, con una superficie total de 2.017 m2”.

La Delegación del Gobierno aclara que “nos encontramos ante una obra completamente legal, según el Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre. Según establece el Real Decreto, el desarrollo de un proyecto de las características de este emplazamiento sólo puede justificarse por razones imperiosas de interés público, de la salud pública, seguridad pública, o consecuencias positivas de primordial importancia para el medioambiente. Dado que el presente proyecto es de interés público de primer orden y que afecta a la seguridad nacional, en base a la normativa vigente, es posible el desarrollo del mismo en la zona LIC”.

Por lo tanto, “las afirmaciones vertidas por el viceconsejero son totalmente erróneas y falaces, además, esta obra lleva asociada un informe medioambiental con el fin de minimizar los posibles impactos que el proyecto pudiese ocasionar y con el objetivo de que se contemple el máximo respeto el medio circundante durante la fase de construcción y durante la fase de explotación”.

Vigilancia ambiental Para ello, “se ha establecido un Plan de Vigilancia Ambiental a seguir que minimice los impactos potenciales que puedan surgir durante la obra, además de ejecutar medidas compensatorias sobre las superficies afectadas. Por ello, la Delegación del Gobierno creo un comité científico con el objetivo de adaptar estas medidas compensatorias en la zona LIC afectada. Además, se vienen realizando desde el comienzo de la obra informes periódicos de seguimiento medioambiental”.

El Plan de Vigilancia Ambiental que se viene efectuando sobre esta obra contempla medidas de “protección atmosférica y acústica, gestión ambiental de tierras y materiales de obra, protección del medio marino, protección de flora y fauna, integración paisajística de la obra y retirada de residuos de todo tipo de residuos peligrosos”.

Asimismo, se establece un Plan de Medidas Compensatorias, donde “se propone revegetar una superficie en otro lugar del LIC que se encuentre deteriorado o en otro emplazamiento cercano de las mismas características que necesite restauración. En estos casos, lo habitual es que la superficie en la que se realiza las medidas compensatorias sea igual al doble de la superficie afectada. En el caso que nos ocupa esta superficie sería de 4-034 m2, pero a la luz del presupuse mínimo destinado se podría llegar a una actuación integral en las dos zonas LIC de Melilla (Aguadú y Barranco del Nano)”.

En consideración del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno, “adjetivar de ilegales estas obras, como ha quedado demostrado, demuestran un desconocimiento absoluto de la legislación vigente de quien realiza estas afirmaciones”.

Además, calificar de “circo” el Comité Científico participado por la Guardia Civil a través de la unidad especializada del SEPRONA, el grupo ecologista local Guelaya-Ecologistas en Acción, la empresa INITEC Infraestructuras y la Universidad de Granada (elegida por la Ciudad Autónoma de Melilla para la realización de su Plan Estratégico) “supone, a parte de la falta de respeto institucional que se desprende de las descalificaciones a instituciones respetables y reconocidas públicamente, es cuando menos una postura intransigente y un insulto a miembros respetables de reconocido prestigio de las mismas, que no se merece ningún comentario por parte de esta Dirección Territorial de Fomento. Sólo pretende fomentar, y no lo van a conseguir, la crispación institucional que con tanto afán vienen alentando determinados miembros del Gobierno de la Ciudad Autónoma”.