La Delegación del Gobierno se emplea a fondo en el Tribunal Superior de Justicia para evitar el funcionamiento de las cámaras de seguridad

La delegación del Gobierno está intentado paralizar la instalación de cámaras de seguridad del tráfico en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). De hecho, ya montadas las cámaras, la Ciudad Autónoma no puede aplicar sus servicios a la sala de emergencias del 112.

El consejero de Seguridad Ciudadana, Ramón Antón, ha dado cuenta de la reunión celebrada en la comisión correspondiente del TSJA en Granada, en la que tanto en Abogado del Estado en Melilla como los representantes de la delegación del Gobierno, “partidistas del PSOE”, intentaron en todo momento “desautorizar la instalación de las cámaras por atentado contra la intimidad”.

En la citada reunión granadina hasta se registraron “momentos de tensión” pero quedó claro que la competencia en materia de regulación y seguridad del tráfico corresponde a los ayunta,ientos y, en este caso, a la Ciudad Autónoma de Melilla, así lo contempla la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Es más, el Estado -ha recordado Antón, llega a ceder a los organismos locales el control de las carreteras y los controles por radar. Sólo cuando las administraciones locales no pueden hacerse cargo del servicio actúa la Administración Central.

Parque móvil Melilla, con un parque móvil de más de 50.000 vehículos a los que hay que añadir los 6.000 que al día llegan de Marruecos, y una población fija de 57.000 ciudadanos -más 42.000 flotantes-, tiene motivos “más que suficientes como para modernizar los sistemas de control del tráfico.

De ahí que Seguridad Ciudadana haya elaborado un Plan Estratégico para la regulación del tráfico que pasa por medidas como la propia instalación de las cámaras de seguridad, la estructura de la fibra óptica, la instalación de semáforos de bajo consumo y los avisadores acústicos.

Por lo anterior, el consejero Antón cree que “el PSOE peca de ignorancia y falta de respeto a los ciudadanos”, ya que adoba la polémica de argumentos “políticos que sólo pretenden bombardear el esfuerzo de la Ciudad Autónoma para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

Ramón Antón aporta, a título de ejemplo, la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Málaga que instalará hasta 50 cámaras en tres fases diferenciadas para vigilar conductas tales como, es sólo y caso, las concentraciones de jóvenes en la Plaza de la Merced para hacer botellones, medida que no ha sido discutida por ningún partido político.

Por el momento, la Ciudad Autónoma queda a la espera del dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aunque Antón no ha dudado en afirmar que, si el mismo es contrario a los objetivos del equipo de Gobierno, “se recurrirá hasta donde podamos”, para hacer posible la instalación de las cámaras de seguridad.