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La Dirección de Educación acusa a Arturo Esteban de "empozoñar" la opinión pública con sus comentarios sobre la situación laboral de la mujer de Murillo

El presidente del PP mostró su extrañeza por el destino profesional de la docente

Publicada en MeliYa el 10 de marzo de 2006

S.R.

Educación y Ciencia cree que Arturo Esteban podría estar “empozoñando” los datos y noticias que ofrece a la opinión pública, especialmente en la que alude a la esposa de Juan José Murillo, el director provincial, y a su acceso a una de las plazas de maestra del Centro Penitenciario Provincial de Melilla.

La Dirección Provincial de Educación ha salido al paso de las declaraciones del presidente del Partido Popular, Arturo Esteban, quien sugería irregularidades en la llegada al puesto de maestra de la Prisión de la esposa del director provincial, Juan José Murillo.

La institución destaca que “la profesora que ocupa una de las dos plazas en Instituciones Penitenciarias es funcionaria de carrera por oposición desde 1.976, habiendo desempeñado su trabajo en el programa de Compensatoria durante los últimos nueve años”.

La Dirección de Educación aclara que la “comisión de servicios obtenida por motivos de reunificación familiar, dentro del Programa de Compensatoria, es similar a las otras 95 comisiones de servicio que se han cubierto este curso, mediante el mismo procedimiento administrativo que rige el proceso”.

Tras aportar documentación y explicaciones puntuales la nota de Educación señala que “todo lo anteriormente expuesto puede ser verificado documentalmente por el señor Esteban, el diputado Antonio Gutiérrez Molina o el mismo senador Imbroda, con objeto de evitar cualquier tipo de manejo y manipulación con fines partidistas”.

Finalmente se recomienda al presidente del Partido Popular de Melilla que, “para evitar dañar la honorabilidad de una persona, teniendo un mínimo criterio ético y respeto, debe verificar, antes de salir a la opinión pública, los datos y noticias empozoñados que difunde, precepto recogido en la legalidad vigente y cuyo incumplimiento puede derivar en exigencias de responsabilidades penales”.