La Marina Mercante estudia la posibilidad de abrir un expediente sancionador a la compañía Acciona Trasmediterránea

La Dirección General de la Marina Mercante está estudiando la posibilidad de abrir un expediente sancionador a la compañía Acciona Trasmediterránea ante los hechos acaecidos en los últimos días como consecuencia de una serie de deficiencias detectadas en el buque “Ciudad de Valencia”, unas deficiencias que han llevado a la paralización del barco en el Puerto de Málaga.

La Marina Mercante, que podría establecer dicha sanción con independencia de los expedientes que se deriven de la inspección que se está llevando a cabo en el buque, ha recordado, tal y como ya ha hecho la Delegación del Gobierno, que estas situaciones anómalas en el transporte marítimo vienen derivadas del contrato anterior que fue firmado hace cinco años por el Gobierno del Partido Popular.

El Servicio Marítimo asegura que dicho contrato, que finaliza al 30 de septiembre de este año, posibilita situaciones como las actuales, “claramente negativas para los intereses de los melillenses”.

Por el contrario, la Marina Mercante asegura que las situaciones anómalas desaparecerán tras la firma del nuevo contrato de navegación marítima que entrará en vigor el 1 de octubre de este año, ya que en el pliego de condiciones vienen claramente reflejadas acciones contundentes hacia la empresa que resulte adjudicataria y que no prevea situaciones como las vividas en los últimos días. Ésto, asegura, evitará desajustes como los vividos en las últimas 72 horas en el transporte de Melilla con la Península.

Tanto la Marina Mercante como la Delegación del Gobierno han dejado claro que “toda la responsabilidad de esta desagradable situación recae en el contrato aún vigente firmado por al anterior Gobierno de la Nación del Partido Popular, quien permitió que se produzcan situaciones de desamparo para los melillenses que vienen utilizando el transporte marítimo como medio de comunicación con la Península”.

Teniendo en cuenta ésto, la Marina Mercante y la Delegación del Gobierno consideran curioso que miembros del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma, con su presidente, Juan José Imbroda, a la cabeza, “se permitan criticar en un acto que se puede catalogar de cinismo político, las deficiencias fruto del contrato al que ellos mismos le dieron su aprobación en el momento de su firma”.