Comisiones Obreras justifica su oposición a la oferta del Gobierno sobre la jubilación anticipada de los empleados públicos

El pasado viernes los directivos de UGT emitieron un comunicado de prensa en el que solicitaban a CC.OO. textualmente: “UGT exige a CC.OO. que explique su rechazo a la jubilación anticipada de los Empleados Públicos (EE.PP.)” .

La Federación de Servicios y Administraciones Publicas de CC.OO. en Melilla (FSAP) “no sólo va explicar su postura a UGT, sino que lo va a hacer a quien debe y que son todos los Empleados Públicos de esta Ciudad”, manifiesta CCOO.

CCOO “no se pliega a la oferta realizada por el Gobierno sobre la jubilación anticipada de los Empleados Públicos y que otros si la aceptan sin mas dilaciones (“¿porque viene del PSOE, porque no discuten con aquellos que le han dado dinero en concepto de patrimonio histórico?”)”.

El día 26 de junio, la Secretaría de Estado de Seguridad Social convocó una reunión de urgencia para tratar la enmienda 56 al Proyecto de Ley de Medidas de Seguridad Social que hace referencia a la jubilación anticipada de los funcionarios públicos incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social. A dicha reunión asistieron distintos representantes del Ministerio de Administraciones Públicas.

En la reunión se puso de manifiesto un interés “especial” por parte del MAP en que la enmienda se aprobara tal como está, “es decir, sin querer admitir la necesidad de una regulación legal de la ruptura involuntaria de la relación funcionarial que tendría que dar paso a la jubilación anticipada con los consiguientes coeficientes reductores”.

Por parte de CCOO, “les dijimos claramente que dicha enmienda sólo tendrá el visto bueno de la CCOO si se solventa la inseguridad jurídica que encierra y que abre la puerta a unos niveles de unilateralidad por parte del Gobierno que atentan contra las imprescindibles garantías que han de presidir una Administración democrática dentro de un estado de derecho, exigencia que está contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público”.

Para solventar dicha deficiencia Comisiones ofreciódos vías. La primera, consistente en “trabajar en un texto normativo, tal como se indica en el Art. 67.2 del Estatuto Básico del empleado Público, que regule lo anteriormente dicho y actuar a continuación con una enmienda en el Senado”.

Eliminar Y, en segundo término “eliminar para todos los afiliados al sistema la exigencia de la ruptura involuntaria de la relación contractual, sea funcionarial o laboral, cuestión ésta que constituye una reivindicación histórica de CC.OO. siempre que se tengan 30 años de cotización y 61 años de edad”

El Gobierno “ha rechazado ésta última y ha concluido que era necesario trabajar en la otra vía para lo que hemos ofrecido nuestra mejor disposición, convencidos de que una regulación como la demandada resulta imprescindible ya que estamos seguros de que lo único que el Gobierno persigue es dotarse de una capacidad arbitraria de reducción de efectivos bajo una entelequia jurídica como es la planificación de recursos humanos”

Creemos que la postura de CC.OO. no ha consistido en un rechazo de plano de la jubilación anticipad para los empleados Públicos y si hemos buscado la defensa de los intereses dichos empleados.

Nuestro afán no consiste en firmar por firmar sino el buscar y encontrar las mejores situaciones para el empleado publico.

Quien tendrá que explicarle ahora es UGT a los empleados Públicos (y no a CC.OO.), su postura que quería firmar sin que todo estuviese de una forma regulada legalmente y que la ruptura involuntaria de la relación funcionarial la cual tendría que dar paso a la jubilación anticipada con los consiguientes coeficientes reductores.

Para CC.OO. primero esta los intereses de los Empleados Públicos y no el de colgarse la medalla frente a la opinión publica y el Gobierno.