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La aplicación de la norma no es homogénea
El Gobierno central destaca el celo de Melilla en la aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de Género
Melilla, a diferencia de otras comunidades, cuenta con un observatorio específico destinado al estudio de los soportes publicitarios de carácter ilícito o sexista.
Publicada en InfoMelilla el 14 de enero de 2007
Un balance de resultados remitido por el Ministerio de Asuntos Sociales al Congreso mantiene que el desarrollo y ejecución de los mandatos que contempla la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género por parte de las comunidades autónomas "no ha sido homogénea" durante el año y medio que lleva en vigor. Aún así, se reconoce un notable esfuerzo por parte de estas administraciones.
Por ejemplo, en lo que respecta a la publicidad ilícita y sexista, el informe del Gobierno refiere que sólo tres comunidades cuentan con un observatorio específico: Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana, así como la ciudad autónoma de Melilla.
En estas dos últimas administraciones, las funciones de los observatorios se limitan a la canalización de quejas, según informa Telecinco.
Asimismo, señala la "imperiosa necesidad" de incrementar recursos y esfuerzos que garanticen la autorregulación de los medios de comunicación y la erradicación del mensaje discriminatorio "desde dentro, de quienes lo diseñan, emiten y transmiten.
Respecto al ámbito educativo, el Gobierno advierte de que la adaptación y reforma de los materiales escolares "ha encontrado a día de hoy una tímida respuesta" en el ámbito autonómico.
Tan sólo Andalucía, Cantabria, Madrid y País Vasco han impulsado medidas de adaptación. Por su parte, Castilla La Mancha cuenta con una campaña permanente.
Los resultados sobre la formación del personal docente son "más alentadores", dado que 11 comunidades han puesto en marcha publicaciones o guías para el tratamiento de la violencia de género, los principios de igualdad, respeto y resolución pacífica de conflictos. Sin embargo, el informe apunta que "la formación no alcanza a todo el profesorado ni tiene carácter obligatorio".